El concejal Miguel Bermúdez señaló que donde se liquide el proceso, más de 70 mil víctimas se verían afectadas. 

La construcción del Centro Regional de Atención de Víctimas (Cravit), fue un convenio que se firmó en el gobierno del exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, entre la Unidad Nacional de Víctimas que aportó los recursos y el Gobierno Municipal el terreno que es al lado del Bunker de la Fiscalía.

Miguel Bermúdez, concejal de Ibagué, señaló que el municipio declaró un incumplimiento al contratista y posteriormente en los estudios que se hizo por la Secretaría de Infraestructura indicó que se debe demoler lo que se avanzó porque tiene problemas de hierro y en el concreto.

“El municipio presenta ante la Curaduría una solicitud de licencia para demoler lo que existe y hacer una construcción nueva, tema que se niega porque manifiesta que el terreno es zona verde y no tiene la facultad legal para hacer construido ahí y era algo que ya se venía construyendo”.

A su vez, el cabildante indicó que la mayor preocupación ahora radica en la no renovación de dicho convenio, lo que podría convertirse en un elefante blanco y afectar más de 70 ciudadanos de Ibagué y más de 200 mil en el departamento.

“El problema ahora es que la Unidad Nacional de Víctima y el municipio no han renovado el convenio, a hoy no existe y si se llega a liquidar Ibagué se quedará con unos pedazos de concreto y elefante blanco ahí con una pérdida de dinero invertido y la devolución que tendrá que hacerse con Víctimas”.

Finalmente, expuso que urge de voluntad política desde los congresistas del departamento, como del Gobierno Nacional para así lograr la terminación de la obra.

“Sin el Centro Regional de Atención de Víctimas no hay paz total, sino se atiende a las víctimas no se vive sabroso y si no se cumple con los compromisos a las víctimas no hay igualdad, no se puede permitir que la Unidad de Víctimas y el municipio no lleguen a los acuerdos para renovar el convenio y así culminar esta obra”.