Según el secretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, en reiteradas ocasiones el Municipio ha solicitado al INPEC que las personas con órdenes expedidas por jueces de la República sean recibidas en el COIBA.

Zárrate señaló que,  “la alcaldía no tiene obligación con el centro carcelario, pues la ley penitenciara no establece que  los municipios deban asumir recursos para los presos de la justicia penal ordinaria, ni contratar con los centros carcelarios; es absurdo que pidan $700 millones por preso”.

Manifestó que, es preocupante la sobrepoblación que hay en la permanente central, pues esta solo tiene capacidad para albergar  60 personas y en este momento duplica el número de  sindicados.

“Infortunadamente no se obedecen las órdenes judiciales. Nosotros y la Policía no tenemos más alternativa que llevar a los capturados a la Permanente Central, pero este sitio ya no tiene la capacidad para recibir a más personas”, manifestó Zárrate.

El funcionario pidió nuevamente al Inpec levantar de manera inmediata la protesta para que se garanticen los derechos de los retenidos.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional