El material probatorio recopilado evidenció falta de control y seguimiento en la publicación de 26 contratos, sus adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones y actas de liquidación, durante la vigencia 2012 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Consideró el Ministerio Público que con este comportamiento omisivo el ordenador del gasto vulneró el estatuto contractual y transgredió los principios que rigen la función pública, especialmente la transparencia, la responsabilidad y la publicación (art. 209 del Código de Procedimiento Civil y arts. 3.8 y 3.9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

En esta etapa del proceso el ente de control calificó la falta del disciplinado como grave, cometida con culpa grave.

Contra esta decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación, el cual será resuelto por la Procuraduría Regional del Tolima.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial