Los trabadores de INPEC aclararon  a  la opinión pública y sociedad en general que los internos detenidos preventivamente por mandato legal corresponden su manutención a las entidades territoriales, esos internos son aquellos que la justicia no ha vencido en juicio o que la misma Fiscalía por su atasco judicial demoran en procesarlos hacinando las cárceles de Colombia. 

Según lo comunicado, dicha obligación está contemplada en la ley 65 de 1993 artículo 19, con varios pronunciamientos de la honorable corte constitucional en las sentencias T 153 de 1998 y ahora recientemente en la T 388 de 2013 y T 762 de 2015 que ratifican la obligación de las alcaldías con dichos internos cuando están carezcan de centro carcelario debiendo celebrar convenios con el INPEC que integren los servicios establecidos en la ley 65 de 1993, ratificado en la ley 1709 de 2014. 

Asocapitales, en cabeza de Federico Gutiérrez endilgó esa responsabilidad al INPEC, cuando más de 200 alcaldes municipales han celebrado convenios interadministrativos con el INPEC para la manutención de los internos que no son del INPEC sino de las entidades territoriales.

Por lo que La Unión de Trabajadores Penitenciarios aclaró que no es cierto, que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito, contrario, según ellos  la Fiscalía general de la nación dio la noticia al revés, por lo que se debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal como lo ha exigido la procuraduría general de la nación en varios pronunciamientos. 

En el comunicado exigen al director general del INPEC BG Jorge Luis Ramírez que salga a la defensa institucional a través de los medios de comunicación.

Por: Niyired Riaño, periodista judicial.