Fiscalía radicó el escrito de acusación por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir por darse para narcotráfico, en contra de José Omar Araque Ortiz (foto), señalado como el presunto segundo cabecilla del llamado cartel de “Los Narcobuses” y uno de los líderes de la organización Los Mercaderes de La Frontera, impactada en agosto pasado en Ibagué, por estar presuntamente relacionado con la media tonelada de marihuana que quedó al descubierto, luego que un bus de servicio turístico se accidentara en la frontera con Ecuador, cobrando la vida a 24 personas.

Contra el cabecilla, quien fue detenido por servidores del CTI en septiembre de este año en Pereira, donde residía y se desenvolvía como comerciante; el ente acusador cuenta entre otros elementos, con audios e interceptaciones telefónicas que permitieron establecer a los investigadores, que Araque Ortiz fue otro de los financiadores del cargamento que tendría como destino final Chile, y que desde julio de este año venía hablando con Jesús David Santofimio, líder principal de la organización y otras personas de Cali (Valle del Cauca), sobre un negocio grande para el tráfico de estupefacientes a gran escala.

Junto a él, la Fiscalía busca acusar formalmente por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes agravado a Jairo Espinoza Méndez, principal proveedor de sustancias estupefacientes en Ibagué, a quien se le encontró en su casa 11 kilos 938 gramos de cocaína; Ana Lucía Salamanca Mendieta, expendedora; Erika Tatiana Nieto Tinoco, distribuidora, y Lina Ximena Pinzón Cárdenas, esposa de Espinoza Méndez, quien también se dedica a la distribución.

Estos están siendo señalados por un despacho adscrito a la Unidad Regional Antinarcóticos, con sede en la capital tolimense, de pertenecer a la estructura Los Mercaderes del Sur, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes al por mayor, en diferentes municipios de Tolima, Huila y Valle de Cauca, que habría extendido sus tentáculos hacia países del sur del continente, particularmente Ecuador y Chile.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía, como interceptaciones y seguimientos, permite inferir que el grupo delictivo, que comercializaba base coca (pasta y polvo) y marihuana cripy, tenía una estructura funcional para realizar la dosificación y distribución de los alucinógenos, que acopiaba en un laboratorio clandestino ubicado en el barrio Varsovia de Ibagué, sede principal de su actividad ilícita.

Cabe anotar que el pereirano fue beneficiado con un acuerdo bilateral que realizaron los gobiernos ecuatoriano y colombiano en el año 2011, consistente en repatriar 90 presos por razones humanitarias, terminando entonces de purgar su pena en el país de origen; esto debido a que fue sorprendido intentando ingresar clorhidrato de cocaína a ese país.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.