Aplazaron decisión sobre medida de aseguramiento a Gobernador y exgobernador del Tolima

Para el martes 7 de marzo a las 9 de la mañana fue reprogramada la audiencia de lectura de fallo en contra del exgobernador del Tolima, Fernando Osorio Cuenca y el actual mandatario de los tolimenses, Óscar Barreto Quiroga, día en que el Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Joaquín Burbano, tomará la decisión, de dictar o no, medida de aseguramiento en contra del exfuncionario y funcionario actual de la gobernación, medida que se tomará dentro del proceso penal que se adelanta en contra de estos dos tolimenses, por la celebración y liquidación de convenio suscrito por la administración departamental con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, en el año 2007.

Después de una magistral intervención del abogado Wilson Vallejo, defensor del gobernador, Óscar Barreto Quiroga, el Magistrado Burbano decidió suspender la audiencia debido a la exposición del fiscal del caso que duró todo el día y por la extensa intervención del abogado defensor Vallejo, quien puso en duda la presunta culpabilidad de Barreto ante los cuestionamientos hechos por la Fiscalía y la Procuraduría, quienes lo acusan directamente, motivo por el cual los dos entes le solicitaron al Magistrado medida de aseguramiento de carácter intramural.

Óscar Barreto fue acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación, mientras que al exgobernador Fernando Osorio Cuenca, se le imputaron los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El fiscal recalcó que Fernando Osorio celebró el convenio 336 del 7 de mayo de 2007, con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, por mil 143 millones de pesos, para la adquisición de bienes y servicios, a través de este mecanismo contractual para evadir la ley 80.

Como pruebas la Fiscalía tiene en sus manos que este convenio se celebró sin que hubiera una selección objetiva y sin atender las observaciones que le hizo la entonces jefe de la oficina Jurídica de la Gobernación del Tolima, Olga Lucía Liévano, quien le advirtió a Osorio que era ilegal celebrar este contrato.

También la Fiscalía alegó que otra irregularidad detectada es que este convenio fue adicionado, en junio de 2017, por 900 millones de pesos, monto que superaba el 50 por ciento del valor total del contrato. Según el fiscal, la adición superó el 80 por ciento del valor inicial.

Las pruebas que mostró la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, muestran modificado el objeto del convenio cuando hicieron la adición y agregaron el montaje de un sistema regional de evaluación para los estudiantes del Tolima, entre otras obligaciones.

Las anteriores pruebas comprometían a Fernando Osorio Cuenca, mientras que para Barreto la Fiscalía preparaba otras pruebas en su contra.

Al actual mandatario de los tolimenses, Óscar Barreto, la fiscalía le reprochó que no hubiera declarado el incumplimiento del contrato, como tampoco hizo efectiva la póliza de garantía del convenio y liquidó unilateralmente el contrato sin reclamar los recursos, desconociendo, según el ente acusador, el principio de responsabilidad y permitió que terceros se apropiaran de recursos oficiales por el orden de mil 742 millones de pesos, pruebas que quedaron sin fundamento luego de la actuación del abogado Wilson Vallejo, quien cuestionó el trabajo realizado por la policía judicial en la investigación que se adelantó en contra de su defendido.

El Ministerio Público respaldó la solicitud de medida de aseguramiento en contra del gobernador del Tolima, Óscar Barreto, argumentando que el funcionario es un peligro para el progreso de la investigación, pues su calidad como Gobernados, dijo la Procuraduría, lo hacía poderoso y fácilmente ganador, pues según la Fiscalía, podría con dinero llegar terminar el proceso a su favor, versión que fue contrarrestada y descalificada por Vallejo.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial