Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana por expansión de disidencias de las Farc en Tolima

por Ondas de Ibagué

La Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente buscan recuperar el control de las actividades ilegales en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Expansion de las farc

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016-2022 para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco en Tolima ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas Farc: la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del acuerdo de paz, en septiembre del 2016.

“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación; de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; de extorsiones y la utilización de armas no convencionales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En la zona, las dos estructuras disidentes entregan panfletos en los que incluyen normas de control social. En los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc.

Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientas en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos.

Ante los riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó 50 recomendaciones a diversas entidades del Estado (de manera particular a la Gobernación del Tolima y a la alcaldías municipales) entre las que se solicita coordinar acciones para atender la situación de riesgo y detallar los recursos humanos y financieros, así como los plazos y acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la población civil.