Así lo determinó la juez Séptima Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, tras acoger la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscal 66, quien durante más de 3 meses se encargó de recoger pruebas que llevaron a la imputación de cargos a 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos, instituto avalado por el Bienestar Familiar Seccional Tolima, y que se dedicaba, bajo su custodia, a tratar niños con alguna discapacidad cognitiva.

Para las autoridades estos funcionarios tuvieron alguna participación en los delitos de concierto para delinquir, ocultamiento y destrucción de pruebas y tortura, cargos que se le imputaron a la directora de la Fundación, a la psicóloga y a la mamá de la directora, funcionarias de alto rango, mientras que a los 7 restantes, se les acusó únicamente por el delito de tortura, dependiendo del grado en el que haya participado.

La audiencia concentrada prácticamente duró 13 días, los mismos en que estos funcionarios permanecieron al interior de la Permanente Central de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En las últimas horas la Juez Séptima Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, ordenó el traslado para un centro carcelario para los 10 capturados, decisión que fue apelada por la defensa.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial