13 horas duró la audiencia concentrada contra Rosa Ángela Gutiérrez esposa del actual alcalde del municipio de Mariquita, Alejandro Galindo, quien fue finalmente enviada a prisión por decisión de la juez octava penal municipal con función de control de garantías de Ibagué, quien la consideró un peligro para la sociedad luego de conocerse que más de 900 personas salieron "tumbadas" con la venta y reventa de lotes en un terreno donde debió haberse construido una solución de vivienda de interés social en el municipio de Mariquita y que se llamaría Balcones de Prado.

La Fiscalía General de la Nación basada en la denuncia de las víctimas dijo que la mujer vendió en total 831 lotes y el proyecto era sólo de 195, es decir hubo predios que se vendieron 7, 8, 10 y hasta 13 veces.

Tras una extensa investigación de los servidores de la fiscalía se logró establecer que del dinero de esas millonarias ventas, una parte fue destinada para abastecer la campaña de su esposo, Alejandro Galindo, para conseguir la primera magistratura del municipio de Mariquita, versión que deberá ser corroborada o desmentida por el propio alcalde actual de esa población norteña, por lo que se cree, que Galindo también deberá comparecer ante la justicia para explicar esta y otras anomalías que encontraron los agentes del CTI de la Fiscalía.

En dinero en efectivo según el ente acusador Rosa Ángela Gutiérrez vendió un aproximado de 3 mil 900 millones de pesos y algunos terceros vendieron 4 mil 922 millones de lo que descubrió la fiscalía durante el proceso de investigación.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento la fiscalía reveló algunas fotos del predio donde Aparentemente se iba a construir la solución de vivienda de interés social y explico que este terreno está ubicado en zona rural y que era casi imposible poder urbanizar en este sector por lo que el peyote no estaba actualizado.

De la misma manera reveló la entrevista que entregó a la fiscalía el entonces presidente de la asociación Balcones del Prado, Luis Carlos Gómez Vergara, quien aseguró al ente acusador, que la Asociación nunca le entregó el poder a Rosa Ángela Gutiérrez para hacer ningún tipo de negociación con el terreno, sin embargo, cuando se enteraron de las ventas intentaron denunciar el tema.

Dijo la fiscalía que Gutiérrez a sabiendas que tenía el conocimiento de que allí no se podía construir ninguna vivienda estafó a 470 personas que denunciaron oficialmente ante la fiscalía pero se cree que existan más de mil afectados.

Rosa Ángela Gutiérrez no aceptó los cargos endilgados por la fiscalía y por orden de la juez octava penal municipal con función de control de garantías, deberá permanecer un buen tiempo en la cárcel mientras se adelanta el juicio oral en su contra.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial