Un grupo de abogados de Ibagué denunció presuntos intereses políticos de un magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima que estaría engavetando el proceso que busca tumbar la elección del concejal de la capital tolimense Orlando Rodríguez Morales.

Unos de los juristas que encendió las alarmas fue Juan Camilo Plazas, quien interpuso una acción de tutela el pasado 22 de septiembre en contra del togado Luis Eduardo Collazos Olaya por mora judicial, violación al debido proceso, derecho a la igualdad y derecho al acceso a la administración de Justicia.

El profesional del derecho presentó un medio de control de nulidad electoral el 28 de noviembre de 2019, argumentando que el cabildante había incurrido en doble militancia, puesto que hacía parte del movimiento político AICO al momento de inscribir su candidatura por el partido Alianza Social Independiente (ASI) en las elecciones regionales del año pasado.

De acuerdo con el accionante, la demanda fue admitida el 6 de diciembre de 2019. Tan pronto Rodríguez fue notificado, contestó el requerimiento el 11 de marzo de 2020 sin ningún tipo de argumento o razón de peso para atacar la acción judicial que pretende declarar nula su elección.

Una vez contestada la demanda, el magistrado Collazos programó la audiencia inicial para el 27 de marzo del 2020, diligencia que tuvo que ser suspendida por la interrupción de los términos judiciales debido a la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, una vez se reactivó el sistema judicial desde el primero de julio, se debía fijar nueva fecha para la audiencia en un término no inferior a cinco días ni superior a ocho, no obstante, han transcurrido casi tres meses sin que eso suceda, a pesar de que el abogado demandante lo ha requerido en dos oportunidades.

Así las cosas, el magistrado Collazos habría incurrido en una clara violación de tres importantes derechos fundamentales: el debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

De igual manera el abogado Plazas señala que hubo mora judicial teniendo en cuenta que el caso reúne los tres requisitos para declararla: el vencimiento del plazo establecido en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Administrativo, la omisión injustificada y la inexistencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido cumplir al magistrado con sus obligaciones judiciales.

¿Qué exige la tutela?

La acción de tutela le exige al togado que dentro de un término de 48 horas proceda a fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de conformidad a los presupuestos del Decreto Legislativo 806 del 2020, es decir, que se realice de manera virtual y que de no existir prueba testimonial o alguna otra, se proceda con los alegatos de conclusión y dicte sentencia.

Ondas de Ibagué conoció la existencia de otro medio de control de nulidad electoral que fue presentado dos meses después en contra de la elección del concejal del partido ADA, Lisandro Trujillo, en donde ya hubo sentencia y se encuentra en apelación en el Consejo de Estado.

Llama la atención que otros procesos también han progresado dentro de los términos de ley, más que el del concejal Orlando Rodríguez Morales. 

La situación ha generado un manto de dudas y ha puesto al descubierto presuntos intereses políticos del sistema judicial al engavetar un proceso que desde hace mucho tiempo tenía que haber prosperado.

¿Quién es el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya?

Es un abogado que estuvo en líos con la justicia en noviembre de 2004, época en donde le dictaron medida de aseguramiento por el presunto delito de estafa al presentar documentación falsa en un proceso cuando litigaba.

Collazos, quien tuvo que pagar una millonaria caución para su excarcelación y fue absuelto, también ha estado involucrado en la política.

Fue alcalde de Chaparral entre los años 2004 y 2005, fungió como fiscal especial, procurador delegado, juez administrativo y magistrado de Caldas. 

En el año 2018 fue posesionado como Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima por el exgobernador Óscar Barreto.