Un juez de San Antonio ordenó de la libertad del alcalde de dicha localidad, Jorge Iván Vásquez Martínez, de su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez y el contratista Edward Fernando Hernández Oliveros.

Estas personas, quienes permanecían en prisión domiciliaria, fueron imputadas como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

En la determinación, cada uno de los implicados deberá pagar una caución de $15.372.210 de pesos y presentarse de manera periódica ante las autoridades.

Los motivos de esta decisión judicial derivan de la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el pasado 22 de septiembre de la cual quedó pendiente la medida de aseguramiento.

Las presuntas irregularidades investigadas fueron detectadas por peritos del CTI de la FIscalía en la etapa de trámite y celebración del contrato de compraventa 096 de 2020 suscrito entre la Alcaldía Municipal de San Antonio y la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería SAS, y cuyo objeto era el suministro de insumos de bioseguridad a fin de mitigar el impacto, propagación y riesgo del COVID-19.

Sin embargo, se pudo establecer a través de certificación del Invima, que productos como el gel, el hipoclorito de sodio y el jabón de manos líquido suministrados eran fraudulentos ya que no contaban con el registro sanitario. Este hecho habría estableciéndose un posible peculado por $15.421.000 de pesos.