Ante la Juez séptima penal municipal con función de control de garantías de Ibagué, son presentados a esta hora en audiencia concentrada de legalización de captura, las 10 personas detenidas en las últimas horas tras ser acusados por los delitos de tortura, concierto para delinquir y ocultamiento y destrucción de pruebas, delitos que tendrá que comprobarle la Fiscalía a cada una de estas personas, por medio de algunos elementos materiales probatorios que se lograron recolectar durante 3 meses que duró la investigación, en la que participó el CTI y la policía Metropolitana de Ibagué.

La diligencia judicial se adelanta a esta hora a puerta cerrada por orden de la fiscalía general de la nación, para no revictimizar a los menores de edad que salieron afectados con esta presunta acción delincuencial de estas personas, comprometidas aparentemente en los hechos que narró la fiscalía en rueda de prensa.

Es de anotar que los familiares de la mayoría de los capturados se encuentran a esta hora postrados frente a la puerta de la sala de audiencias donde se adelanta, desde hace dos horas, la legalización de captura de estas 10 personas, al igual que la legalización de los allanamientos y todo el proceso que se hizo para poder dar captura a estos dos hombres y ocho mujeres, funcionarios de la institución Peces Vivos, avalada en su momento por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar capítulo Tolima.

De la misma manera al palacio de Justicia acudieron vecinos de la denominada casa del terror, quienes aseguraron que en horas de la madrugada, los menores de edad gritaban, pedían auxilio, lloraban, suplicaban ayuda, porque al parecer, los estarían maltratando, situación que investigó la Fiscalía General de la Nación y que dio como resultado la captura de estas 10 personas, al parecer, comprometidas en los hechos.

Según los testigos, vecinos del sector, hacia las 3 de la mañana se escuchaba una voz con tono militar, ordenando que se pararan y se sentaran o que iniciarán algunos ejercicios, horario en el cual estos niños deberían estar durmiendo; esta versión también está siendo investigada.

De la misma manera algunos testigos afirmaron que esta casa no era adecuada para llevar un debido proceso médico a favor de los menores, pues su enfermedad o su discapacidad cognitiva los hace merecedores a que estuvieran en un espacio abierto y evitar estar dopados, según algunos testigos por más de dos o tres días.

Juan Carlos Hernández, familiar de una de las enfermeras capturadas por la Policía y el CTI de la Fiscalía, espera que las autoridades den a conocer las pruebas que harían ver a su hermana culpable de los tres delitos que se le están imputando.

De la misma manera Juan Carlos Hernández aseguró que su familiar no es ninguna escoria, cómo aseguran los medios a nivel nacional y que su familiar, está haciendo culpada sin ni siquiera haber sido presentada ante un juez con función de control de garantías, como lo están haciendo en este momento, por lo que exige a los medios de comunicación y a las autoridades, más respeto por su familiar y por cada uno de los capturados.

De la misma manera Eferson Ramírez, familiar de Claudia Lorena Pedraza, técnica en enfermería y quien laboraba como educadora al interior de la fundación peces vivos, pide igualmente a la fiscalía las pruebas para poder imputarle a su conyugue estos delitos, como también pide a la prensa local y nacional más respeto para con su esposa.

Ramírez dijo que su esposa, Claudia Lorena Pedraza, había sido capturada de manera ilegal, denuncia que elevará ante las autoridades y que deberá demostrar ante la Fiscalía.

Por su parte, Enrique Arango, abogado defensor de tres de los capturados, aseguró que no a todos los detenidos se les podría endilgar los mismos delitos y que está dispuesto a enfrentar a la justicia para sacar adelante el proceso de sus defendidos.

De la misma manera el profesional del Derecho, Enrique Arango, dijo que esperará las pruebas de la Fiscalía para así mismo organizar la defensa.

Arango dijo que si no existen las pruebas esto sería un invento de los investigadores del CTI y de la policía, toda vez que a sus defendidos no se les puede llamar torturadores sin tener las pruebas suficientes para ello.

A esta hora continúa la audiencia de legalización de captura en contra de estas 10 personas detenidas en las últimas horas en sus residencias ubicadas en varias partes de la capital del departamento del Tolima, diligencia judicial que materializó un grupo de investigadores del CTI y de la policía Metropolitana de Ibagué.