CTI de Ibagué desarticuló en la Costa a presuntos ciberdelincuentes

La Fiscalía imputó cargos a seis personas por haber presuntamente defraudado tres cuentas corrientes del Coiba de Picaleña en Ibagué, hecho perpetrado en el año 2009, por una suma cercana a los 160 millones de pesos a través de medios informáticos.

Los detenidos mediante diligencias de allanamiento y registro en Valledupar, Cesar, por servidores del CTI de la Fiscalía, responden a los nombres de Óscar Eliécer Peñaloza Anteliz, conocido como “El Hacker”; Jénifer Rueda López, Sandra López Fernández, Osmalia Arias Cadena, Armando Pérez Villa y Heylher Issnardo Jácome Bohórquez.

El ente acusador los señaló de haber cometido los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos y semejantes agravado en concurso heterogéneo.

A alias “El Hacker” le imputó además el punible de enriquecimiento ilícito de particulares; cargos que ninguno aceptó.

Los hechos motivo de esta investigación nacieron a raíz de una denuncia que dio cuenta que entre el 30 de noviembre del año 2009 y el 4 de diciembre del mismo año, sustrajeron de las cuentas del Complejo penitenciario de esta capital, la millonaria suma, gracias a la instalación de un software malicioso conocido como Malware, que realizarían los sospechosos mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta oficial de la cárcel.

Fue así como se dio inicio a las investigaciones respectivas que dieron cuenta se trataba de una persona con conocimientos informáticos que tenía la habilidad de hackear las cuentas de esa forma.

Por si fuera poco, los investigadores descubrieron que había toda una red de personas detrás de este presunto delincuente informático, que tenía el trabajo de recibir el dinero en sus cuentas, y que entre los mismos parientes, se prestaban el nombre para hacerlo.

Además, según la Fiscalía, crearon empresas fachadas de telefonía celular e internet, a través de las cuales lavarían dinero. Una de las procesadas tiene varias líneas a su nombre.

En audiencias concentradas se logró establecer que estas personas realizarían pagos fraudulentos de parafiscales por un valor cercano a los 3 mil millones. 

El área de injerencia del grupo delictivo se expande a las ciudades de Bogotá, Barranquilla, en Atlántico; Valledupar, en Cesar; Cartagena, Bolívar; Montería, en Córdoba; Cali, en el Valle del Cauca y Pereira, en Risaralda, donde en su mayoría tienen investigaciones activas.

De hecho para el caso de Óscar, actualmente purga una condena por delitos similares y se encontraba en domiciliaria luego de un proceso adelantado por un fiscal contra el crimen organizado de la capital del Atlántico.

Es de anotar que en dichos procedimientos se les incautaron de varios elementos para la comisión de los delitos como Datáfonos y aparatos conocidos como Skiner, que sirven para copiar la información de tarjetas.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial