El grupo de Administración Pública de la Seccional Tolima detectó irregularidades en 10 contratos y 27 documentos con información falaz. La suma de los contratos supera los $280 millones.

Luego de una exhaustiva investigación liderada por un fiscal adscrito al grupo de Administración Pública y su equipo de trabajo perteneciente a la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Tolima, se logró la captura y judicialización del actual alcalde del municipio tolimense de Villarica, Arley Beltrán Diaz, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo por 10 contratos, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público; cargos que no aceptó, siendo enviado a la cárcel debido a la gravedad de las conductas cometidas.

Los hechos datan del año 2016 cuando el asegurado en calidad de mandatario firmó al parecer con dos fundaciones, contratos con información falaz para Celebración del Día de las Víctimas, del Día de los Niños, difusión de eventos para el desarrollo de las festividades de la municipalidad, apoyo y difusión para entrega de insumos agropecuarios Generando Alianzas Productivas, Día del Campesino, organización de los Juegos Supérate 2017, evento la Familia Obra de Dios, entre otros.

Según los peritos del CTI, el mandatario violó los principios de contratación tal y como lo exige la ley, ya que el tipo de contrato suscrito con supuestamente dos fundaciones, debió haberse realizado mediante licitación pública y abreviada de menor cuantía, y no por selección directa como al parecer lo hizo el burgomaestre, ya que entregó los contratos a funcionarios de la entidad y a terceros, personas diferentes a las señaladas en los contratos, por una suma cerca a los 281 millones de pesos.

De igual manera se detectó que no se realizaron estudios previos, no hubo descripción clara del objeto ni un señalamiento del presupuesto para la ejecución de los contratos.

Acto seguido presuntamente cometió el delito de falsedad ideológica en 27 documentos para darle soporte a dichos convenios tales como actas de inicio de convenio de cooperación, pues se logró comprobar que los representantes de las fundaciones jamás asistieron a las reuniones para firmar dichas actas; se firmaron tiempo después de haberse ejecutado los contratos por personas ajenas a las señaladas en el convenio, entre otras irregularidades.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.