El imputado de 77 años, abogado y contratista público, Jesús Octavio Acosta Sánchez, según la Fiscalía, en el año 2015 habría introducido documentación falsa para presentar al Imdri como requisito para el concurso de méritos para la contratación del mejoramiento y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense, de cara a las justas nacionales en su versión número 20.

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad material en documento público y privado, fraude procesal, y peculado por apropiación, una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, imputó cargos al  empresario Acosta Sánchez.

El bogotano se convierte en el detenido número 18 por estos hechos; abogado detenido al norte de su ciudad natal la tarde del martes 21 de mayo, por investigadores del Cuerpo Técnico de investigación, adscrito a la Sección de Análisis Criminal SAC, quien según el ente acusador, es el representante legal de A&C S.A, sociedad a la cual se le adjudicó el contrato 087 en febrero del año 2015, cuyo objeto era la interventoría de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad, que finalmente fueron las únicas obras que se entregaron en la capital del Tolima para esa época.

Señaló en audiencias preliminares la delegada fiscal, que cuenta con suficientes elementos materiales de prueba y evidencia física para demostrar que el imputado Acosta Sánchez, quien no aceptó los cargos, actuó de manera dolosa al participar en un concurso de méritos para lo cual introdujo varios documentos falsos y donde fue el único participante.

En audiencias concentradas se conoció por parte de la delegada fiscal, que entre las irregularidades detectadas por los peritos de la Fiscalía, está que la convocatoria del concurso se subió al Sistema Estatal de Contratación Pública un día después de lo estipulado, y se suscribió un mes después de la fecha programada.

El contrato estaba por un valor superior a los 600 millones de lo cual se presume, hubo un peculado aproximado de 165 millones de pesos, dijo el ente acusador en la diligencia judicial que se adelantó hasta altas horas de la noche de ayer miércoles.

Le fue solicitada en su contra medida de aseguramiento en centro de reclusión, petición hecha por la Fiscalía y el representante de las víctimas, en este caso la alcaldía de Ibagué,  pero el Juez 8 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad, se abstuvo y le impuso medidas de aseguramiento no restrictiva de la libertad, es decir, podía regresar a su casa, pero con la prohibición de salir del país y una caución de 20 Salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.