Un total de seis delitos les imputó la Fiscalía a tres presuntos disidentes de las Farc, que a inicios de esta semana fueron detenidos en la vereda San Pedro de Ambeima, zona rural del municipio tolimense de Chaparral, donde se adelantó una diligencia de allanamiento y registro en la cual se incautaron varios elementos que demostrarían su actividad ilícita.

En una labor conjunta entre miembros de la Fiscalía, a través de la Unidad Regional Antinarcóticos y la policía judicial del CTI y unidades del Gaula Militar Tolima, se logró llegar hasta el sitio tras cuatro horas de una larga caminata, donde se encontraban los hermanos Wilfred, alias Piloso; y José Alexis Criollo Tovar, alias Alex, y Pablo Quesada Cortés, alias Fabián Quintero. El primero y el último, exguerrilleros de las Farc.

El ente acusador les enrostró a todos el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión agravado en calidad de autores, mientras que en calidad de coautores los punibles de almacenamiento y uso de prendas de las Fuerzas Militares agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal agravado;  fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado; y empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonales.

Ninguno aceptó su responsabilidad y todos fueron privados de la libertad en centro carcelario de manera preventiva.

Los delitos se agravan para los hoy asegurados porque al término de los Acuerdos de Paz con el anterior gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, para el caso del Tolima, los municipios de Chaparral, Ataco, Rioblanco y Planadas fueron catalogados como PDET, es decir, quedaron haciendo parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, ya que en su momento fueron de las zonas más afectadas por el conflicto armado, y actualmente cuentan con un apoyo especial para su desarrollo y crecimiento, por lo que el uso del armamento, explosivos y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, no es permitido.

La Fiscalía tiene elementos de prueba y evidencia física suficientes que dan cuenta de su accionar delincuencial en esa zona y municipios aledaños, ejerciendo presión en comerciantes, finqueros, y ciudadanos del común a quienes les han exigido altas sumas de dinero a nombre de las disidencias del Frente 21 de las Farc, en hechos ocurridos, según la denuncia, entre julio y octubre de este año.

Reposa en los archivos del despacho seccional que adelanta la investigación, que fueron denunciadas seis extorsiones, tres de ellas consumadas. En uno de los casos a la víctima le pidieron la suma de $100.000.000 a cambio de no acabar con su vida o la de su familia, al instalarles una bomba en su finca, o de secuestrarlos.

Las presiones las harían vía telefónica o de manera personal, presentándose en sus casas o negocios.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial