Segunda 'casa del terror' en Ibagué: Denuncian presuntas torturas contra niñas en una fundación del ICBF

Un nuevo escándalo de presuntas torturas estalló en Ibagué, muy similar al sonado caso de la fundación Peces Vivos en donde resultaron 10 personas detenidas por torturar a niños con discapacidad mental en el año 2017.

En esta oportunidad, el internado que está en ojo del huracán es la fundación Macami, ubicada en el barrio Picaleña, en donde, al parecer, se estarían presentando torturas contra cinco menores de edad, entre los 10 y 17 años, quienes permanecen bajo la custodia y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque han sido violentadas y presentan dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas.

La unidad investigativa de Ondas de Ibagué conoció en exclusiva un acta oficial del ICBF en donde quedaron consignados todos los vejámenes a las que han sido sometidas las menores por parte de los encargados de su cuidado.

El documento de 10 páginas gira entorno a una denuncia anónima allegada al Instituto en donde acusan a los trabajadores de dicha fundación de meter a las niñas a una alberca con agua fría y a una ducha durante un tiempo indeterminado como castigo a su aparente mal comportamiento.

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La denuncia dice textualmente lo siguiente: “Desde hace un mes y de manera frecuente, las personas encargadas del cuidado de las menores de edad las agreden física y psicológicamente, toda vez que comentan que las meten en una alberca o las meten en una ducha con agua fría para castigarlas, haciendo esto hasta que se calmen”, señala la denuncia registrada en el acta.

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A raíz de las graves acusaciones, un equipo técnico de apoyo de la regional Tolima del ICBF, conformado por una psicóloga, pedagoga, nutricionista y supervisora del contrato, adelantaron una visita de inspección el pasado martes 21 de julio con el fin de constatar la polémica denuncia.

Durante el registro, el equipo hizo una serie de entrevistas aleatorias a 20 niñas -de las 96 niñas internadas-, con el fin de establecer un diálogo cercano y conocer su situación. Mientras que unas hacen comentarios positivos, otras revelaron conductas cuestionables que deben ponerse bajo la lupa de las autoridades. 

En el momento en que les preguntaron a las cinco menores implicadas sobre los presuntos malos tratos hacia ellas, las funcionarias registraron lo siguiente:

“Cuando las niñas presentan problemas psiquiátricos y entran en crisis, la formadora les pide a las más grandes (que tiene más fuerza), que les ayuden cogiéndolas de las manos y en ocasiones las llevan alzadas por la fuerza y las meten a la ducha con agua fría durante tres minutos o el tiempo que se requiera hasta que se calmen y luego las llevan a que se cambien la ropa mojada. Agregan que esto sucede cada vez que alguna niña presenta crisis”, constata el acta.

Del mismo modo relatan que “cuando una niña se porta mal, los correctivos que utilizan es que las ponen a realizar jornadas de aseo a las áreas comunes de la institución especialmente de los baños y también las aíslan dejándolas solas en un salón, sin realizar ninguna actividad como ver televisión, escuchar música, compartir tiempo con las compañeras, participar de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, etc. Esto sucede durante todo el día e ingresan al dormitorio después que todas las niñas estén acostadas y hayan apagado la luz, lo cual sucede durante dos días o una semana y que cuentan con el apoyo de la psicóloga de la fundación”.

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En ese sentido, el grupo de apoyo del Bienestar Familiar advirtió que dichas acciones correctivas no están contempladas en el manual de convivencia y le reiteran al coordinador de la fundación que desde ningún punto de vista se puede permitir este tipo de castigos contra las menores. 

Por esta razón, el grupo concluye que la queja reportada es verdadera en cuanto a que “sí es verdadero que algunas beneficiarias que están en crisis las meten en una ducha con agua fría para castigarlas, haciendo esto hasta que se calmen y que lo cual es realizado por parte de otras beneficiarias con mayor fuerza”.

Asimismo, dentro de las decisiones enmarcadas en el acta afirman que se evidenció violación al código ético en sus encisos B y C en los que se advierte que ningún menor puede ser sometido a un “acto de violencia física o sicológica debido a que puede poner en peligro su salud física y mental”, y adicionalmente, en donde estipula que está prohibido “hacer uso de la fuerza o medidas de coerción de cualquier tipo”.

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Sin embargo, llama la atención las débiles recomendaciones que hace el ICBF teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, en donde se habría cometido una clara violación de Derechos Humanos y hasta la comisión de delitos castigados con pena de cárcel, según abogados penalistas consultados por esta redacción.

En la tabla de compromisos y tareas ubicada en la parte final del documento, el supervisor del contrato se comprometió a “realizar los requerimientos de los presuntos incumpliendo evidenciados”, sin embargo, no menciona ningún tipo de sanción contra el operador, tampoco se da a conocer el estado psicológico actual de las niñas y si serán o no apartadas de la fundación mientras adelantan las investigaciones que den lugar.

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En síntesis, los compromisos adquiridos solo se limitan a recomendarle al operador que aplique los correctivos establecidos por el manual de convivencia y que no vayan en contravía a lo consignado en el código ético.

De resto, menciona reforzar las capacitaciones de talento humano con los trabajadores de la fundación y se solicitan revisiones puntuales de elementos de aseo y ajustes administrativos relacionados con formatos y elementos de dotación.  

Para el abogado Antonio París, estas cuestionables conductas, consideradas en el marco del derecho penal como torturas, merecen ser investigada por la justicia ordinaria.

Asimismo, cuestionó las determinaciones que tomó el ICBF y reclamó que lo mínimo que se debe hacer en estos casos es apartar a las menores de este lugar y trasladarlas a otro sitio que cumpla con todos los requerimientos para atender a la población infantil.

Ondas de Ibagué se comunicó con la profesional de área de la fundación Macami, Jenny Meneses, quien manifestó que no se iba a pronunciar al respecto y dijo que va a consultar con sus abogados si es recomendable entregar declaraciones a este medio de comunicación.

De otro lado, nos comunicamos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Tolima y a través de su oficina de prensa nos manifestaron que están preparando un pronunciamiento oficial sobre el polémico proceso que enciende las alertas de los organismos de control y organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Por: Unidad Investigativa de Ondas de Ibagué.