Estas operaciones se llevaban a cabo en ciudades como Bogotá, pero algunas de las cuentas se abrieron en la capital musical.

La Fiscalía General de la Nación demostró la peligrosidad de una red delictiva que, por medios informáticos, habría hurtado una millonaria suma de dinero. En ese sentido, en segunda instancia, un juez penal del circuito de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los señalados cibercriminales.

De acuerdo con los elementos de prueba, el presunto cabecilla de la organización, identificado como Luis Eduardo Bernal García, presuntamente obtuvo documentos falsos sobre la constitución de una reconocida transportadora de carga.

De esta manera, al parecer, suplantó a la empresa y dirigió varios correos a una industria de aceites y productos grasos, en los que solicitó el pago de 272 facturas por servicios prestados.

Estas actuaciones y los soportes aportados en las comunicaciones electrónicas indujeron a error a la compañía de alimentos, que consignó en dos cheques cerca de 1.100 millones de pesos a una cuenta empresarial que Bernal García abrió en Ibagué (Tolima).

El material de prueba da cuenta de que, tras recibir el dinero, el señalado cabecilla de la organización dirigió distintas cantidades de dinero a siete de sus presuntos cómplices, residentes en Bogotá; y Medellín, Girardota y Bello (Antioquia).

En el curso de la investigación se constató que varias de estas personas habrían retirado las sumas recibidas para cubrir gastos personales y, algunas, crearon empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos.

Por estos hechos, el pasado 19 de agosto, personal de la DIJIN de la Policía Nacional capturó a ocho supuestos involucrados en el andamiaje ilegal.

En su momento, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó delitos como: suplantación de sitios web para capturar datos personales, hurto por medios informáticos y semejantes agravado, y uso de documento falso.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, quedaron en libertad. La Fiscalía apeló la decisión de primera instancia, que fue revocada por un juez del circuito. En la nueva determinación se ordenó la captura inmediata de todos los investigados para hacer efectiva la medida de aseguramiento en centro carcelario.