“Los Yara”, como se autodenominaba una red de estafadores, estaba dedicada a destruir los sueños de jóvenes que pretendían ingresar al Ejército Nacional. En seis meses, la Fiscalía, a través de su policía Judicial CTI seccional Cundinamarca, y la Décima Tercera Brigada del Ejército, pusieron al descubierto el andamiaje criminal de la estructura delincuencial que ofrecía cupos falsos en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Nueve presuntos integrantes de ‘Los Yara’ fueron capturados en diligencias realizadas 
simultáneamente en los municipios de Corinto, en Cauca; Aguachica, en Cesar; Girardot y Anapoima, en Cundinamarca; y en las ciudades de Cali, Neiva, Quibdó, Medellín y Bogotá.

El cabecilla, identificado como Ánderson Oviedo Sabogal, fue notificado del proceso en su contra en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumple una condena de 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las investigaciones indican que esta red, mediante algunos colaboradores en Tolemaida, obtuvo nombres y datos personales de los aspirantes que no pasaban el proceso de incorporación.

Los jóvenes eran contactados telefónicamente por integrantes de la organización que se hacían pasar como oficiales o suboficiales y se ofrecían a solucionar cualquier dificultad o restricción para ingresar a la escuela.

Muchas de las víctimas fueron obligadas a viajar y hospedarse en Bogotá. Eran citadas cerca a instalaciones militares y “Los Yara” les exigían pagos de 600 mil pesos a 6 millones para supuestamente entregarles certificados médicos, físicos y de selección, que les garantizarían un cupo en Tolemaida. La cifra variaba según el trámite ofrecido.

Otras personas afectadas realizaron giros o transacciones bancarias desde distintas ciudades con la esperanza de acceder a la academia pero, en todos los casos, las promesas fueron incumplidas.

A quienes viajaron a Bogotá los confundieron con diversas diligencias, les arrebataron el dinero y los dejaron con documentos falsos; y a los que consignaron, nunca les volvieron a contestar el teléfono.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial