Un nuevo escándalo de corrupción salpica a dos exfuncionarios de la Alcaldía de El Espinal.

Se trata de Eder Augusto Rodríguez Molina, exsecretario de Hacienda del municipio en el año 2016 y de José David Palacios Gómez, exsecretario de Desarrollo Económico en ese mismo periodo, quienes fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Junto a ellos también fueron procesados Nancy Cortés Cardozo y Óscar Efraín Cortés Flórez, gerente y suplente, respectivamente, de la empresa Inagro S.A.S., por peculado por apropiación.

El caso gira en torno al trámite y celebración de un convenio de asociación para la conformación de un fondo rotatorio ganadero para el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores rurales de dicha localidad.

El documento que está en el ojo del huracán es el No. 503 del 18 de noviembre de 2016, el cual tenía por objeto “Aunar esfuerzos económicos y administrativos entre la Alcaldía Municipal de El Espinal y la entidad prestadora de servicios de asistencia técnica agropecuaria Inagro S.A.S., para la conformación de un fondo rotatorio de la cadena ganadera doble propósito”.

El término era a un mes y 10 días por valor de $169.760.000. Posteriormente, mediante acta No. 01 del 12 de diciembre de 2016, el convenio fue adicionado por un valor de $76.000.000.

Así se cometieron los delitos

Para los investigadores del caso, hubo un claro desconocimiento de los principios de economía, planeación y selección objetiva que rigen las actuaciones contractuales de las entidades públicas.

En ese sentido, el trámite se realizó sin los requisitos esenciales relacionados con los estudios previos elaborados por el secretario de Desarrollo Económico, quien era el supervisor del contrato.

En ellos se estableció que la modalidad de selección del asociado era de contratación directa con lo que, al parecer, contravino las exigencias de ley que establece que la escogencia del contratista se debía efectuar por regla general a través de licitación pública.

Por otra parte, se comprobó que al momento de estimar la cuantía del convenio y de la adición, se habrían tomado como referencia valores más altos que los reales del mercado (sobrecostos), ya que tanto los semovientes como la asistencia técnica que fueron contratados tenían precios inferiores.

De igual manera se evidenció que el convenio fue suscrito con una persona jurídica con ánimo de lucro sin la idoneidad requerida para ejecutar el mismo, ya que Inagro S.A.S. era una empresa comercial dedicada a la venta de productos agrícolas y estaba acreditada como entidad prestadora de servicios de asistencia técnica rural igualmente agrícola, y no ganadera.

La Fiscalía también reveló que cuenta con las suficientes pruebas para demostrar que entre el primero de diciembre de 2016 y el 26 de enero de 2017, los entonces funcionarios habrían permitido que Cortés Cardozo y Cortés Flórez se apropiaran de $69.670.050, producto del sobrecosto del convenio y su adicción, mediante la suscripción de los documentos indispensables para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el pago del valor del mismo otorgados por ellos.