Alcaldía anuncia investigación sobre los terrenos donde está construido el Coiba de Picaleña

El anuncio lo hizo la jefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué, Gladys Gutiérrez, tras la publicación que hizo Ondas de Ibagué del Certificado de Tradición y Libertad, donde claramente se observa que el municipio le cedió esos terrenos al Ministerio de Defensa, y posteriormente de manera legal también esta cartera lo cedió al Ministerio de Justicia.

Pasado un tiempo prudente el Ministerio de Justicia lo cedió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que fuera construido el Complejo de Alta seguridad de Picaleña en Ibagué.

“Respecto de los predios que aduce el Inpec que fue parte de cesión por el municipio, nosotros estamos haciendo un estudio de títulos, donde vamos a observar y analizar cada una de las transacciones que se hicieron a través de Resoluciones, a través de actos administrativos y escrituras. Estamos verificando para poner en contexto la realidad que ha ocurrido con esos bienes y poder el municipio en ese sentido tomar una posición”, señaló la funcionaria.

Sobre el fallo del Tribunal, la profesional del Derecho, Gladys Gutiérrez, aseguró que a la alcaldía, en esta segunda instancia, no la están obligando a responder por los internos que en el momento se encuentran hacinados en la Permanente Central ni en los calabozos de la Fiscalía, pues el fallo confirma la decisión de primera instancia que se profirió el 27 de febrero del 2017, por lo que el Magistrado Gildardo Botero Betancurt, niega el amparo de los Derechos a la vida y en condiciones dignas, salud e integridad física, denunciados por Yilder Trujillo y Miguel Ángel Aguiar Delgadillo y Ligia Aguilar Gómez.

“En este sentido cuando dice negar el amparo, es negar las pretensiones argumentadas por la parte demandante”, dijo la jefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué, Gladys Gutiérrez.

De igual manera en el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal, se ordenó al Inpec la remisión inmediata de los internos Rodrigo de Jesús Vergara, Alfonso Suárez Aroca y Jenny Lorena Sánchez, a la dirección ordenada por un juez con el fin de empezar a cumplir con la prisión domiciliaria.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial