Ante el Juez Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué fueron presentados en audiencia concentrada Ángela Guerra y Edilberto Rojas Torres, considerados por las autoridades como los coautores de la muerte de Sarita, la niña a quien tenían bajo su cuidado desde hacía un año y 3 meses, en una finca de la vereda La Joya, jurisdicción del municipio de Armero Guayabal, custodia solidaria de la que la Comisaría de Familia de esa población del norte tolimense tenía conocimiento, pero a la que poco se hacía seguimiento, por hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades del Tolima.

Es importante recordar que la muerte de Sarita fue confirmada por los médicos del Hospital Federico Lleras Acosta el 22 de abril de 2017, luego de haber sido remitida del Hospital Nelson Restrepo del municipio de Armero Guayabal, a donde fue llevada por la hermana de su madrina, de nombre Nancy, versión que se dio a conocer en audiencia concentrada, pese a que se había dicho que su propia madrina era quien la había auxiliado y acompañado a la central de urgencias de ese centro hospitalario.

Una vez en la Sala de Reanimación del hospital, la menor de 3 años, quien desde ese día fue identificada como Sara Ayolina Salazar, los médicos le diagnosticaron una lesión fuerte en el cráneo, pero no le fueron halladas las delicadas lesiones que presentaba el cuerpo de la pequeña y mucho menos las claras muestras de violación que presentaba la niña, determinando que fuera enviada al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde fue atendida de urgencia, pero falleció luego de dos paros cardiorrespiratorios que sufrió en menos de 24 horas, a causa de los fuertes golpes que presentaba en la cabeza, el torax, la espalda, las piernas, brazos y hasta en el rostro.

La muerte de la pequeña alertó al cuerpo médico del centro asistencial más importante del Tolima, quienes coincidieron en afirmar que Sarita había muerto tras continuas torturas y como si fuera poco, varias violaciones a las que fue sometida y que le dejaron serias lesiones en sus partes íntimas, que no fueron en su totalidad reveladas a los medios de comunicación, pero que se conocieron anoche en la sala de audiencia, macabras escenas que fueron revividas con fotografías en medio de la solicitud de imputación de cargos efectuada en el Palacio de Justicia de esta ciudad.

Pese a la negativa del Juez Quinto Penal Municipal de permitir el ingreso a los medios de comunicación a la sala de audiencias donde se adelantaba las solicitudes de legalización de captura, de imputación de cargos y de medida de aseguramiento, Ondas de Ibagué logró conocer que con algunas fotografías se logró obtener una línea de tiempo, en la que se pudo dar a conocer cada lesión, golpes que la pequeña Sarita recibió durante varios meses, y al parecer, por más de dos años.

Las investigaciones del CTI de la Fiscalía y de la Policía del Tolima, arrojaron como resultado que Sara Ayolina Salazar, aparte de presentar las fracturas en el brazo izquierdo y del trauma en la cabeza, también presentaba, según se dijo en la audiencia de imputación de cargos, una fractura antigua en el muslo derecho, herida en el mentón sufrida, posiblemente dos días antes de morir y una cortada en el labio inferior, lo que se percibía claramente como maltrato infantil, situación que alertó a las autoridades y que fue reclamada a las directivas del Hospital Nelson Restrepo, quienes no las reportaron en la remisión.

Desde ese instante se desprendió una exhaustiva investigación en contra de quienes rodeaban a Sara Ayolina, y se dio a conocer a Colombia y al mundo, la historia de esta pequeña que sin piedad fue vilmente asesinada en medio de macabras escenas que tuvo que vivir la infante, sin que nadie la ayudara a salir de esa tragedia en la que crecía al lado de sus victimarios.

Durante la diligencia judicial que se adelantó hasta altas horas de la madrugada, se  logró conocer que las autoridades fijaron sus ojos en los funcionarios de la Comisaría de Familia del municipio de Armero Guayabal, quienes desde hace varios días vienen siendo investigados, inclusive, hasta fueron  visitados por servidores de la Fiscalía, quienes les incautaron todos los computadores, con el fin de investigar a fondo si había o no, un debido seguimiento al proceso de custodia solidaria de la que aparentemente gozaba Sarita y que Rut Salazar, madre biológica de la niña, había pactado de manera legal con Ángela Guerra, hoy capturada.

Después de mucho investigar, es decir, 12 días después de haber fallecido Sarita, la Policía y el CTI de la Fiscalía dan el golpe que los colombianos esperaban y dan captura al interior de la Estación de Policía del municipio de Armero Guayabal, a Ángela Guerra y a Edilberto Rojas Torres, tras ser considerados los aparentes  coautores materiales e intelectuales de la muerte de Sarita.

De inmediato la Fiscalía emite un comunicado donde se da a conocer la captura de los presuntos responsables del homicidio de la menor de 3 años de edad, padrinos de bautizo de la víctima, quienes de acuerdo con la investigación, habrían ejercido actos de violencia física y sexual de manera reiterada contra la menor.

En la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal se determinó que la causa de la muerte fue un trauma encefálico severo secundario y trauma contundente y biodinámico por un fuerte zarandeo; este trauma hace parte del síndrome de maltrato infantil agudo y crónico, según lo reportado por los expertos.

Ángela Guerra deberá responder en adelante como la presunta autora material del delito de homicidio agravado, coautora material por acción del delito de tortura agravada y autora bajo la figura de posición de garante del delito de acceso carnal violento agravado.

Por su parte, al padrino, Edilberto Rojas Torres, se le endilgarán cargos por tortura agravada a título de coautor pasivo, bajo la figura de posición de garante, cargos que no aceptaron en la audiencia de imputación.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento  en contra de los padrinos de la niña, se logró establecer que fue aceptada por el Juez Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, quien los envió al penal de Picaleña desde donde enfrentarán un juicio oral en su contra.

En  rueda de prensa se conoció que en los próximos días vendrán más capturas y se dará a conocer el nombre de la persona que abusó sexualmente de Sarita y en repetidas ocasiones.

Extraoficialmente Ondas de Ibagué pudo conocer que las autoridades trabajan en la pista que apunta a que un trabajador de la finca donde vivía la niña, y que hacía parte del grupo de recolectores de limón, podría convertirse en el principal sospechoso de los aberrantes actos de los que fue víctima Sara Ayolina Salazar.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial