Ángela Guerra y Edilberto Rojas Torres, los padrinos de Sara Ayolina Salazar, la niña de 3 años que fue torturada, violada y asesinada en una finca del municipio de Armero Guayabal, permanecen aún como sindicados al interior de la Permanente Central de la Policía Metropolitana, ubicada en la Avenida Ferrocarril con calle 21 de Ibagué, debido a los inconvenientes que se han tenido que enfrentar entre las directivas del Coiba de Picaleña y el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La pareja fueron imputados como coautores por los delitos de tortura agravada, acceso carnal violento agravado y homicidio agravado, sin embargo, pese a la orden del Juez Quinto Penal con Función de Control de Garantías de Ibagué quien los envió al penal, las dos personas siguen en las instalaciones policiales y engrosando la lista del hacinamiento en la Permanente y os calabozos de la Fiscalía.

Ondas de Ibagué logró conocer que entre los dos sitios, existen un poco más de 180 personas sindicadas por diferentes delitos, situación que preocupa a la comunidad ibaguereña y a las mismas autoridades de la capital del Tolima.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial