Hasta altas horas de la noche y ante el Juzgado Octavo Penal de Garantías y la Fiscal 22, Claudia Chalarca, fueron presentados Leonardo Alexander Valero González, ex asesor del Imdri del Gobierno Luis H. Rodríguez y el ex Director Técnico de la empresa española Typsa, Carlos Alberto Ramírez Quintero, tras ser capturados con orden judicial, operativos materializados en Ibagué y Bogotá, respectivamente, por servidores del CTI de la Fiscalía.

La delegada fiscal 22 solicitó al juez de garantías imputar a los dos ex funcionarios los delitos por los cuales son investigados desde hace varios meses. A Valero González los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y cohecho impropio por el contrato 074 del 11 de marzo del 2015 de construcción y remodelación de la Unidad Deportiva de la Calle 42, contrato que alcanzó a negociarse por la suma de 33 mil millones de pesos. 

En el caso de Ramírez Quintero, se le imputaron cargos por los delitos de interés indebido de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para este ex Director Técnico de Typsa los hechos están relacionados con las irregularidades establecidas en la etapa de trámite de los concursos de la interventoría número 1 y 2 de 2015.

La delegada fiscal dijo al juez que así como se adjudicó a Typsa el contrato de estudios y diseños de las obras en mención, la licitación para la Unidad Deportiva también fue modificada para favorecer al Consorcio Unidad Deportiva 2015.

Según los relatos de Carlos Heberto Ángel y Jorge Orlando Navarrete, a Leonardo Valero le pagarían el 6 por ciento de los dineros que recibiera por el monto del contrato, pero debía, según las declaraciones de estas dos personas, tenía que adjudicarle la licitación al consorcio que era representado legalmente por el “Chatarrero”, Jorge Alexander Pérez.

Se dijo en audiencia que Leonardo Valero hizo parte del Comité Evaluador de los proponentes para la licitación de los escenarios de la Calle 42, “por lo que maquinó su lugar para sugerir a Carlos Heberto Ángel, ordenador del gasto, que el proponente, es decir, el “Chatarrero”, cumplía con todos los requisitos exigidos.

Para el 17 y 18 de enero del 2015, Leonardo Valero se reunió con el catalogado como el cerebro del desfalco de los Juegos Nacionales, el abogado, Orlando Arciniegas, reunión a la que también asistió Jorge Alexander Pérez, reunión realizada en un hotel de Girardot, donde se maquinaron la manera cómo iban a defender la adjudicación del contrato, favoreciendo siempre al Consorcio, pues ya se sabía hacia donde iba direccionado. 

Así mismo, se reveló en las audiencias que para adjudicarle la licitación al Consorcio no se tuvo en cuenta que este no tenía la capacidad financiera suficiente para responder por la realización del contrato 074.

En audiencia realizada por separado, Leonardo Alexander Valero y Carlos Alberto Ramírez Quintero no aceptaron los cargos,  sin embargo el togado resolvió imponerles a cada uno medida de aseguramiento intramural, a petición de la delegada Fiscal, Claudia Chalarca, orden que se cumplirá a partir de hoy jueves, en el pabellón de servidores públicos del Coiba de Picaleña, por solicitud de sus abogados defensores.

Hacia  las 8 de la mañana de hoy, se tiene programada la audiencia concentrada en contra de Jorge Alexander Pérez, “El Chatarrero”, representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, a quien le imputarán los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con el contrato de obra 074 del 11 de marzo de 2015 de la Unidad Deportiva de la calle 42.

En los tres allanamientos que se le realizaron al “Chatarrero”, se logró establecer que la Fiscalía General de la Nación le halló documentación de importancia para el avance investigativo y la recuperación del dinero público comprometido, donde aparecen empresas radicadas en Panamá.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial