Así fue la indagatoria al exsecretario de Infraestructura, y demás involucrados en escándalo de juegos nacionales

Ante el Juez Sexto con función de control de garantías fueron presentados en audiencia de solicitud de legalización de captura, solicitud de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, los cuatro capturados en Ibagué y Bogotá, acusados por los hechos que se relacionan con el contrato de consultoría 1354 de 2013 de estudios y diseños del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué; son ellos, el exsecretario de Infraestructura, Jorge Alberto Pérez; el abogado, Leonardo Antonio Bastidas Mahecha; el abogado especializado en Derecho Administrativo, Raúl Navarro Jaramillo y el administrador Financiero y actual contratista de la alcaldía de Ibagué, Jhon James Perdomo, quienes deberán responder por su presunta participación en el desfalco de los Juegos Nacionales 2015, órdenes de captura expedidas el 11 de septiembre último, por el juzgado Cuarto de control de garantías de Neiva, en Huila.

Esta segunda fase del proceso investigativo se descubrirá y castigará a los responsables del robo en los Juegos Nacionales en la capital de Tolima, donde en las últimas horas se cumplieron siete capturas en Ibagué y Bogotá, entre esas los cuatro anteriormente nombrados.

Al exsecretario de Infraestructura de Ibagué, Jorge Alberto Pérez, se le identificaron siete tractomulas que serán objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

A este ex funcionario, capturado en Bogotá, se le incautó al momento de la captura un celular, aparato que es analizado por la Fiscalía para conocer detalles sobre sus movimientos desde hace varios meses a la fecha, asimismo, a los otros tres capturados se les investigarán sus abonados celulares para el mismo fin.

El abogado Raúl Navarro, fue capturado en la calle 86 con 116, en Bogotá, Quintas de Santa Ana. A Perdomo se le incautó una memoria, su celular y un iPhone. Los cuatro capturados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta el búnker de la Fiscalía en Ibagué donde fueron judicializados y preparados para ser presentados en los estrados judiciales, no sin antes dejar en cadena de custodia todos los elementos incautados a los capturados.

En primera audiencia de legalización de captura, realizada en la Sala Augusto Ospitia,  recinto 318 del Palacio de Justicia de Ibagué, donde se demostró el acta de buen trato para los capturados, procedimiento legal para iniciar la diligencia que fue aprobada por el Juzgado Sexto Penal con Función de Control de Garantías y sin recursos alguno de sus intervinientes.

A Leonardo Bastidas y a Jhon James Perdomo se les imputará los cargos por concusión e interés indebida en la celebración de contratos y a Ricardo Navarro, el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisito legales.

A Pérez Díaz se le imputó por los delitos de peculado por apropiación, concusión, interés indebida en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La fiscalía demostró que la experiencia del oferente no era la suficiente para poder acceder al contrato y que como mínimo debería tener cinco años o más de haber participado en contratos de esta categoría o de experiencia laboral bien calificada.

La novela de estos capturados inició cuando Juan Guillermo Cardozo Rodríguez fue nombrado como supervisor de este contrato, pero fue reemplazado por el ingeniero Jorge Pérez Díaz, quien se encargó de firmar el acta de liquidación del contrato.

Fue allí cuando entraron a participar los abogados Navarro y Perdomo, según la Fiscalía, quienes, según la Fiscalía, consiguieron a Rigoberto Rugeles Bernal y a Leonardo Antonio Bastidas, entre quienes, según el ente acusador, repartieron un dinero a cambio de conocer información privilegiada de ese contrato.

Pérez Díaz contactó a Rigoberto Rugeles Bernal y le exigió 56 millones de pesos, es decir el 10 por ciento del contrato, por lo que el contratista decidió acudir a sus amigos Jhon James Perdomo, Leonardo Bastidas y Ricardo Navarro.

Rugeles llamó a los abogados Navarro, Bastidas y a Perdomo, quienes le convencieron de dar el dinero y que sin problema sería el dueño del contrato.

Pérez, dijo la Fiscalía, exigió a Rugeles Bernal casi 70 millones de pesos como coima para poder continuar con el contrato, dinero que en una parte, es decir, 38 millones y medio, fue cobrado por el subgerente del BBVA en Ibagué, quien hizo el favor, por petición del exsecretario de Infraestructura del municipio y en ese momento supervisor del contrato 054 del 2013.

Según la delegada fiscal cuarta ante el Tribunal el ingeniero Pérez tenía pleno conocimiento de su actuar ilícito, pero aún así, continuó exigiendo dinero a Rugeles, tanto que autorizó una adición de algo más de 116 millones de pesos, consiguiendo con esto, aumentar su patrimonio económico, ayudado con la prórroga solicitada en la que recibió su parte.

"Con su conducta Jorge Alberto Pérez Díaz, tenía capacidad de comprender lo que hacía y como supervisor del contrato 053 del 2013, tenía que apartarse de todo tipo de coima porque sabía que era un delito. Los hechos ocurrieron en Ibagué en el trámite precontractual del concurso de méritos del contrato y la adjudicación del mismo", dijo la fiscal cuarta delegada ante el Tribunal, en audiencia de imputación de cargos.

En la diligencia de solicitud de imputación de cargos se le advirtió al procesado, Jorge Alberto Pérez, que si aceptaba los cargos podría hacerse acreedor hasta del 50 por ciento como rebaja de la pena que sería impuesta en su contra, lo que no aceptó.

Dentro del acervo probatorio contra Jorge Alberto Pérez, presentadas por la Fiscalía, fueron algunas llamadas que se hicieron entre los implicados. En una comunicación telefónica sostenida entre el ingeniero Pérez y Rigoberto Rúgeles Bernal, se menciona que se debe cambiar la versión ante la Fiscalía, y además, se toca el tema del cambio de unos cheques.

Una llamada interceptada a Leonardo Bastidas, uno de los abogados capturados en las últimas horas y que es investigado por su presunta participación en el desfalco de los Juegos Nacionales 2015,  en lo que tiene que ver con la construcción de los escenarios deportivos, llamó poderosamente la atención de la fiscalía, luego que en una llamada telefónica, el profesional del Derecho pide ayuda a una mujer, al parecer, residente en el municipio de Melgar, para que “Le charle” a la fiscal Claudia Chalarca Celis, asegurando que ella es del mismo grupo político al que Bastidas pertenece y nombra a Carlos Edward Osorio.

La Fiscal Según Especializada de Ibagué, Yaneth Izquierdo, le imputó al “Chatarrero”, quien fuera el representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con el contrato de obra 074 del 11 de marzo de 2015, de la Unidad Deportiva de la calle 42, así como las obras del Parque Deportivo, cargos que no aceptó el hoy investigado por la justicia.

En audiencia concentrada, en lo que tiene que ver con la solicitud de imputación de cargos, A Pérez Torres, se le acusó de apoderarse a través de las empresas Boylan y Almodena S.A.S de la suma de mil 962 millones de los 7 mil millones que destinó Alcaldía de Ibagué, para adelantar las obras de la calle 42.

En la diligencia se reveló que en los tres allanamientos efectuados por el CTI de la Fiscalía,  se halló documentación de empresas constituidas legalmente en Panamá, además de algunas investigaciones extras que posee el “Chatarrero” en su contra, por delitos como estafa, falsedad en documento privado y constreñimiento.

Jorge Pérez Torres fue enviado a la cárcel de Picaleña, aunque se cree que permanecerá algunos días en los calabozos del bunker en la Fiscalía.

 Por Juan Manuel Escobar, Periodista Judicial