Tras haber sesionado por cerca de 10 horas, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, no tomó ninguna decisión trascendental, con respecto al futuro financiero y a las estrategias que le permitan salir de la crisis al alma mater.

Gran parte del consejo, fue dedicado a una detallada explicación del representante de los ex rectores, Fernando Misas, sobre la deuda que presuntamente tendría la gobernación del departamento con la Institución, que superaría los 100 mil millones de pesos.

Pero quizá uno de los temas que más llamó la atención de los consejeros y que elevó los ánimos y las voces de muchos, fue la propuesta que lanzó la Representante del Ministerio de Educación Nacional, Raquel Díaz, al señalar que la mejor alternativa para que la Universidad salga de la crisis, es que se implemente la ley 550 de Intervención económica para la reactivación empresarial y acuerdos de reestructuración.

La funcionaria del MEN, vino acompañada por un experto en el tema y expuso con detalles, lo que sería el camino de salvación para la UT, pues con la adopción de dicha medida, se congelarían las deudas por más de 11 mil millones de pesos que tiene la Institución con acreedores, estableciéndose  negociaciones y acuerdos de pago para saldarlas. Así mismo, la universidad quedaría protegida de demandas y embargos por dichos pasivos, se obligarían a bajar costos, y se priorizaría el pago de acreencias laborales, entre otra serie de blindajes jurídicos, que de cierto modo le darían un respiro financiero a la Universidad, mientras se repone de la crisis.

Sin embargo, la tesis del MEN, fue tumbada por los consejeros, que aprovecharon para poner en el tablero otras alternativas que podrían subsanar la crisis. Según Fernando Misas, una de las cartas de salvación, sería la solicitud al gobernador del Tolima para que se respete la resolución 580 del año 2012, en la cual se definió la base presupuestal de la Universidad, en donde se definen los recursos que permitirían el normal funcionamiento del alma mater.

Quien sí compartió la idea de implementar la ley 550, también conocida como "Ley de Quiebra" fue la representante del gobierno departamental y secretaria de Planeación del Tolima, Olga Lucía Alfonso, expresando que a través de esta medida se tendrá un acompañamiento a través de un comité de vigilancia y promotor del MEN, que garantizará las acciones en materia de generación de ingresos y control de gastos. Adicionalmente, habrá una gestión administrativa más eficiente, implementando la reorganización administrativa, financiera y académica en la Institución.

Cabe indicar que temas como el crédito por 20 mil millones de pesos, la supresión de los cargos P18, la discusión del informe integral del MEN, la situación de la Clínica Veterinaria, entre otros, quedaron en el tintero y  serán discutidos, junto con la propuesta de las ley 550, en un Consejo Superior extraordinario, que se citará durante los próximos días.

Lo que si queda claro, es que una vez más el Consejo Superior demostró su desfachatez al reconocer que no se tomaron decisiones importantes y un grado descarado de indolencia con los más de 22 mil estudiantes y 2 mil funcionarios, que siguen a la espera de determinaciones trascendentales que salven a la Universidad y erradiquen la zozobra e incertidumbre de estar ad portar de un inminente cierre.