Fiscalía imputó cargos contra dos exalcaldes de Piedras por presuntas irregularidades en contratación

por Ondas de Ibagué

Se trata de Rogelio Montealegre Murillo y Arquímedes Ávila Rondón. Estos son delitos que les imputaron.

Exalcaldes Piedras

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exalcaldes del municipio de Piedras por presuntas irregularidades cometidas en el año 2011 en un contrato para la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre.

Se trata de Rogelio Montealegre Murillo, alcalde de dicha localidad para el período 2008 -2011 y Arquímedes Ávila Rondón, quien ostentó el cargo en 2012 - 2015.

De igual manera, fueron judicializados Jhon Paul Peña Rojas, exasesor de la Secretaría de Planeación y obras públicas de la Alcaldía de Piedras durante el año 2011, Gloria Piedad Reyes Ariza, asesora de Planeación y Alberto Casabianca Moreno, interventor en ese entonces.

Por esta razón, el ente acusador imputó a los implicados como presuntos responsables de delitos como: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, y prevaricato por omisión, de los cuales ninguno aceptó.

El contrato

Los hechos analizados están relacionados con una investigación que tiene que ver con presuntas irregularidades detectadas agentes del CTI en la celebración y ejecución del contrato de obra 113 del 19 de noviembre del año 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre. El valor contratado superó los mil millones de pesos ($1.157’467.975).

Montealegre Murillo como alcalde de Piedras para el año 2011, tramitó el contrato con Benjamín Orlando Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales.

Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos.
De igual manera Ávila Rondón, como mandatario local en 2012 liquidó el contrato haciendo caso omiso a las supuestas irregularidades.

Las investigaciones dan cuenta entonces que todos los ya mencionados, permitieron, al parecer, que el contratista Arana Osuna se apropiara de $290 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó.

Igualmente, habrían permitido que Casabianca Moreno, interventor del contrato, se apropiara de $86 millones de pesos, aproximadamente, este dinero le fue pagado por actividades que no fueron ejecutadas.

Mientras todo esto ocurría, al parecer, los imputados habrían falsificado documentos públicos y privados.

Finalmente, se estima que Jhon Paul Peña Rojas, Gloria Piedad Reyes Ariza y Alberto Casabianca Moreno, al parecer, rehusaron cumplir sus funciones como supervisores los dos primeros e interventor el último, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley.

El proceso contra los implicados continúa en la etapa de acusación.