¡Ojo! Procuraduría pide claridad para poder enfrentar delincuencia en los departamentos

por Natalia Gutiérrez

El ente de control reiteró el llamado a las autoridades nacionales para que se articulen con las regionales y así se le pueda hacer frente a hechos de violencia como homicidios y ataques de grupos armados.

Levantamiento de cadáver

Respuestas rápidas, contundentes y permanentes por parte de las autoridades locales, así como la intervención de la institucionalidad del orden nacional para combatir el aumento en la criminalidad que se vive en todo el país, pidió la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco, en la mesa de Seguimiento, Seguridad y convivencia ciudadana realizada en la capital del Atlántico.

La Jefe del Ministerio Público expresó que, si bien se están realizando acciones y soluciones para mejorar la seguridad en diferentes sectores, éstas deben ser consistentes y responder a una Política Nacional de seguridad, que se desconoce actualmente y que debe socializada y ejecutada de manera articulada, para que alcaldes y gobernadores puedan adecuarla en los territorios y así combatir la delincuencia y criminalidad.

” Encontramos que, las acciones de cada una de las entidades ofrecen resultados cuando ocurre un acto de criminalidad grande, se mueven todas las instituciones, operan, pero luego vuelve y se descansa, como si se olvidara nuevamente la situación” señaló Cabello Blanco.

La Procuradora también señaló que la situación de inseguridad ya se salió de control y ha desbordado las capacidades de los mandatarios en las regiones, por lo que es apremiante la incorporación de las autoridades nacionales, para implementar nuevas estrategias ante la ola de violencia, la presencia de bandas criminales, el incremento de delitos como la extorsión, usurpación de tierras y los homicidios en todo el país.

Finalmente reiteró en que, la inseguridad afecta todos los aspectos de nuestra sociedad, poniendo no solo en riesgo la integridad física y emocional de los habitantes, sino que también socava el desarrollo económico, debilita la confianza en las instituciones y limita las oportunidades de crecimiento y progreso de las regiones.