La Concesionaria APP Gica indicó los motivos que han evitado que la ejecución de la obra pueda avanzar.

Molestia se ha evidenciado por parte de los habitantes de Ibagué y Cajamarca debido al no avance en las obras que se tenían previstas través de un contrato suscrito en 2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se tenían previstos estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento de la segunda calzada de esta vía crucial.

Sin embargo, la concesionaria ha revelado que no ha podido avanzar debido a diversas circunstancias que escapan a su control. En primer lugar, la Acción Popular interpuesta por un sector de la comunidad del municipio de Cajamarca ha sido un factor determinante. Esta acción legal involucra directamente el trazado de la vía y ha sido motivo de disputa en el ámbito contencioso administrativo. La sentencia inicial, proferida el 29 de enero de 2018, fue apelada y actualmente se encuentra bajo revisión del Consejo de Estado.

Según la consecion otro obstáculo crítico se relaciona con las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidió archivar el tramo entre el Puente Álvaro Mutis Jaramillo y el Municipio de Cajamarca, lo que impidió que la concesionaria continuara con el diseño propuesto para la continuidad del proyecto. Esta medida ha generado incertidumbre sobre la viabilidad ambiental de la doble calzada en esa área.

En consecuencia, la Concesionaria APP GICA S.A. ha iniciado un proceso de arbitraje en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo es resolver las disputas legales y ambientales que han obstaculizado el avance del proyecto y definir la continuidad de las intervenciones necesarias tanto para la comunidad como para el contrato de concesión.