La Contraloría General de la República trasladó a la Contraloría Departamental la investigación por un presunto detrimento patrimonial por $136 millones, por la no construcción de un puente en el municipio de Armero Guayabal.

La obra por la que se pagó, pero no se ejecutó corresponde al desmonte, traslado e instalación de un puente ubicado sobre el río Sabandija en el sector conocido como Quebrada Seca, de la vereda el Hato.

Del total de los recursos, el Gobierno Departamental aportó 100 millones de pesos, y el municipio 39 millones restantes para ejecutar los trabajos que estaban previstos para entregarse en tres meses.

De acuerdo con el contralor departamental Edilberto Pava, el objeto contractual nunca se cumplió, y se evidenció falta de planeación pues la obra que estaba prevista para construirse sobre la vía nacional que conecta Armero Guayabal con Marquita no contaba con los permisos para el cierre de este corredor vial, lo que ocasionaría impactos económicos en el recaudo de los peajes.

Además, antes de suscribirse dicho contrato no se tuvo en cuenta los problemas que ocasionaría con el traslado de las cuerdas de alta y baja tensión, las torres de comunicación de la televisión local y empresas de tecnologías móviles.

Para el organismo de control fiscal, la Gobernación del Tolima como entidad aportante debió exigirle al contratista el cumplimiento a cabalidad de las autorizaciones, permisos y licencias para ejecutar la obra.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.