Trecientas cincuenta familias residentes en el asentamiento ilegal Hato de la Virgen están expuestas a deslizamientos, inundaciones y a la contaminación que genera esta fuente hídrica que atraviesa la ciudad.

Según el concejal Humberto Quintero para que se cumpla la orden de desalojo emitida por la Alcaldía, la cual tiene como fecha límite el 30 de septiembre, se debe garantizar primero la entrega de subsidios de vivienda, el traslado a albergues transitorios y el derecho a una vivienda digna.

Según Quintero, la Alcaldía de Ibagué está en la obligación de respetar los derechos de estas personas que han realizado el pago oportuno del impuesto predial y los respectivos recibos de servicios públicos.

Al respecto, el personero Camilo Ossa indicó que se solicitó a la administración un informe sobre las familias que serán reubicadas a fin de garantizar que no sean vulnerados sus derechos.

El Ministerio Público anunció su participación en  la audiencia en el Tribunal Administrativo del Tolima programada para hoy miércoles, donde se definirá el futuro de estas familias.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional