El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la acción popular interpuesta por el abogado ambientalista Néstor Gregory Díaz, quien invocando la protección de derechos colectivos busca que se dé cumplimiento a la compensación ambiental por la tala de más de mil árboles en el parque Deportivo.

El arboricidio se llevó a cabo para dar paso a la construcción de los fallidos escenarios deportivos de Ibagué.

La acción popular interpuesta en contra de Cortolima, la multinacional Typsa y la Alcaldía de Ibagué pretende que se ordene el cumplimiento a la compensación ambiental establecida mediante resolución 0321 del 29 de febrero de 2015, y que ordenaba la plantación de más de cinco mil árboles al interior del Parque Deportivo o en áreas de influencia al río Opia.

Según Díaz, pese a que la medida de compensación debió ser de acatamiento inmediato, Cortolima dio un plazo de tres años para la reforestación, la cual hasta la fecha no se ha cumplido.

Para el abogado, tanto Cortolima y la Procuraduría Ambiental han sido ineficaces en la defensa de los intereses de la comunidad y en el cumplimiento de la resolución.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.