Luego que fuera admitida la demanda en contra del cobro del impuesto predial para la vigencia 2019 y fuera suspendido el recaudo del mismo, se ha levantado un mar de especulaciones respecto a las medidas que tomará la administración municipal.

En primero en pronunciarse fue el concejal Pedro Mora, quien señaló que la decisión del juez era de esperarse, debido a las anomalías que se habrían presentado en la actualización catastral de miles de predios.

 “El juez no solamente admite la demanda, sino ordena el cumplimiento de acciones cautelares que implican que se pueda suspender el proceso de aplicación de esta nueva actualización catastral que ha sido denunciada por muchas irregularidades” indicó el cabildante.

El convenio que tuvo un costo superior a los nueve mil millones de pesos, levantó polvareda en la ciudad, debido a que supuestamente incumplía en los principios de planeación, existían presuntas irregularidades por tráfico de influencia y contratación de personal no calificado para ejecutar el avalúo en los predios entre otros.

Hay que recordar que, alegando la violación de los derechos colectivos de los contribuyentes por parte de la Secretaría de Hacienda y el Concejo Municipal, el abogado Wilson Leal Echeverry interpuso la acción popular buscando que se declara irregular el recaudo de dicho impuesto.

El profesional del derecho, advirtió en su momento que los ‘estímulos’ aprobados por los concejales luego del ‘predialazo’, contenían varias irregularidades que resultaban lesivos para el bolsillo de los ibaguereños, además del aumento desbordado del tributo tras la dudosa actualización catastral que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El juez ordenó al municipio pronunciarse en un plazo no mayor a 20 días, lo que implica que la Alcaldía de Ibagué deberá ajustar los cobros, y devolver los excedentes a los contribuyentes o utilizar los recursos para el pago del tributo en la próxima vigencia.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.