La Personería de Ibagué formuló pliego de cargos contra Piedad Lorena Velásquez, Juan Carlos Granados y Rafael Fuertesarias en calidad de gerente, jefe de vivienda y supervisor y jefe de la oficina jurídica de la Gestora Urbana por los hechos relacionados con las obras del proyecto de vivienda de interés social portal San Gabriel, imputándoles la presunta comisión de una conducta calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

De acuerdo con el Ministerio Público los investigados, al parecer, modificaron y/o cambiaron el objeto del contrato de asociación inicial mediante la suscripción de un contrato de adición, y con ello, alteraron las condiciones y la esencia del contrato inicial, los convenios y actos precontractuales que dieron origen al contrato asociativo.

Según la Personería, con lo anterior no solo hubo un presunto cambio irregular e injustificado del objeto y de las obligaciones de las partes, sino que se autorizó el cambio de la destinación de los dineros, para la ejecución de obras, que a la luz del contrato asociativo estaban a cargo de la Gestora Urbana, parte a la que le recaía para el inicio de la construcción de las unidades de vivienda, la entrega de las obras de urbanismo de lote que se iba a intervenir.

“Con ello, quedó evidenciada de la presunta irregularidad en el actuar de los investigados, puesto que con la participación en el contrato adicional, no solo realizaron modificación a la esencia misma del contrato asociativo, sino que el mismo refleja una desatención en normas, condiciones y prerrogativas de obligatorio cumplimiento como lo son los principios rectores de la contratación pública y de la función pública, los pliegos de condiciones del proceso que originó como resultado la suscripción del contrato en mención y los convenios interadministrativos suscritos” indica la entidad.

Ante las irregularidades, el órgano de control ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que los disciplinados presuntamente pudieron incurrir en una conducta que puede tipificar la vulneración a la ley penal en materia de contratación estatal.

Además, se compulsaron copias a la Procuraduría Regional del Tolima, con miras a que investigue los presuntos acontecimientos de incidencia disciplinaria que se presentaron en la ejecución del convenio interadministrativo no. 680 del 4 de agosto del 2014, firmado entre la gobernación del Tolima y la Gestora Urbana de Ibagué.

Por: Paola Rojas Gómez, Periodista Regional