De acuerdo al informe que publicó este mes la Contraloría Municipal sobre las auditorías exprés que se han realizado a los contratos que ha suscrito la Alcaldía de Ibagué durante urgencia manifiesta por diferentes denuncias que recibió el ente de control por concejales y la misma comunidad, se logró conocer que estos tienen 15 hallazgos.

Entre ellos se encuentran 6 administrativos, 2 fiscales con una cuantía de $706.708.491, 5 disciplinarios y 2 penales.

En cuanto a estos 2 hallazgos fiscales que sobre pasan los $700 millones, se logró establecer que pertenecen al contrato suscrito para la entrega de los kits nutricionales con la empresa 4-72, donde se resaltó que existe además una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un valor de $24.874.588.

De igual forma se encontró un sobrecosto en los precios de los mercados que adquirió la Alcaldía y que se encuentran establecidos en el contrato 0236 de 2020, donde da cuenta de una lista de productos y su correspondiente cotización; allí la Contraloría de Ibagué logró establecer que hay una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un valor de $681.833.904.

Este informe lo dio a conocer el concejal Rubén Darío Correa en medio de la sesión extraordinaria correspondiente al día 22 de mayo, evidenciando que sí hay sobrecostos en los kits nutricionales que la Administración central adquirió para entregar a las poblaciones más vulnerables por causa del Covid-19.

Dentro de los demás hallazgos que evidencian en el informe emitido por el órgano de control fiscal, se encuentran algunos como el desacato a los protocolos de salubridad en el distanciamiento social obligatorio; debilidad en la no exigencia de documentación legal para la correcta ejecución del contrato 0240 suscrito con el contratista ‘Servicios Especiales Sol de la Variante’ para las rutas del personal médico; debilidad en la planeación para determinar los equipos de trabajo y no discriminación del presupuesto del contrato 0233 de 2020 para el call center Covid-19; debilidad en la planeación y transparencia en la caracterización de la población beneficiaria de los mercados.