Más de cinco horas y media se debatió en el Concejo si la Administración Municipal tuvo o no responsabilidad en el fracasado evento.

Este viernes hasta horas de la tarde se llevó a cabo el debate citado por el Concejal Rubén Dario Correa.

De acuerdo al estatuto de oposición, le permitió citar a los funcionarios de la entidad sin la aprobación de los demás cabildantes, en esta plenaria sólo participaron cinco concejales de la ciudad o al menos así quedó estipulado en el acta al inicio pero durante el transcurso del día, dos concejales más se unieron al debate político.

Con un cuestionario de más de 25 preguntas los funcionarios citados se presentaron y contestaron una a una cada interrogante del documento, entregado con anterioridad por Correa a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura y al director de Espacio Público, de los cuales todos los representantes de los mismos asistieron a excepción de la secretaria de Desarrollo Económico quien se encuentra ausente de sus labores y en su reemplazo asistió Harold Lopera como secretario de Desarrollo Económico Encargado.

Después de las intervenciones por parte de los representantes de la Administración Municipal, el concejal Correa reveló detalles desconocidos para la opinión pública sobre el Jamming Festival y que quieren inferir que la alcaldía tendría responsabilidad en la millonaria estafa que le hicieron a ibaguereños, tolimense, colombianos y varios extranjeros, los cuales tenían la expectativa de vivir el festival en la capital tolimense en el mes de marzo.

El concejal Rubén Dario Correa a toda costa quiere vincular institucionalmente a la Alcaldía en este fracasado espectáculo, por la tanto puso en conocimiento, unos hechos relacionados con intervenciones y promociones del festival, hechas por el alcalde de Ibague Andrés Fabián Hurtado, cuando aún ni siquiera había sido radicado una carta de intención ni un permiso para la realización de dicho evento.

Entre las intervenciones del concejal de la oposición se pudo establecer que cuando la Alcaldía le dió el espaldarazo a los organizadores del evento no se tenía aún evidencia del contrato de los empresarios con los artistas, ni del contrato de arrendamiento de Playa Hawai, como tampoco una carta de intención de los empresarios ni de nadie radicadas ante la Alcaldía de Ibagué en los cuales se dijera que el evento se iba a realizar.

Estás mismas actuaciones se dieron durante los meses de diciembre y enero pero solo hasta el 30 de diciembre es cuando se conoce un primer documento de los organizadores del evento radico en la Alcaldía de Ibagué.

Correa también hace mención al decreto 008 del 2003 que regula los eventos en la capital tolimense sin importar si son grandes, pequeños o medianos, y aclara que los que se vayan a realizar en un área superior a los 300 metros cuadrados deben cumplir una serie de requisitos establecidos en ese acto administrativo pero que en el proceso de la realización del Jamming se violó la normatividad vigente y no se cumplieron, como por ejemplo las más de 100 mil boletas que terminó sellando la Alcaldía de Ibagué sin que se hubieran pagado los respectivos impuestos, cabe resaltar que esta entidad tenía una exoneración por parte del Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta la misma Dian por ser catalogado como Evento de Artes Escénicas y que por encima de eso no podía estar ningún decreto municipal.

Adicionalmente a los datos entregados por el concejal Rubén Darío sorprendió al informar en este debate que el portal que vendía las boletas cobraba $30.000 de comisión y que era propiedad de los Casallas quienes eran los mismo organizadores del evento.

Después de todas estas exposiciones e intervenciones de los concejales que participaron en dicho debate, el secretario de Gobierno manifestó que: "No podemos aceptar los funcionarios públicos de esta administración de Ibagué, que se presuma y menos que se afirme en lo más mínimo que pudo haber existido el más mínimo de dolo para permitir que un particular incurriera en los presuntos de estafa o de fraude procesal, y qué bueno que los órganos de control y de investigación disciplinaria penal y fiscal revisen las actuaciones de los funcionarios de la administración municipal, tenemos la plena certeza ibaguereños y honorables concejales que vamos a salir absueltos de cualquiera de estas investigaciones" agregó el funcionario.

Finalmente Rubén Dario Correa manifestó "Este concejal y está bancada de oposición no es la competente para endilgar, señalar, mucho menos fallar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales de esta administración en el fracasado evento, pero si somos la voz de una ciudadanía que nos ha empoderado aquí por la democracia, por el voto, para hacer lo que debe hacer esta corporación un debate y control político a las actuaciones del gobierno local.