La empresa accionada deberá argumentar su posición y atender los planteamientos del ente de control.

El Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Ibagué ordenó a la empresa manizaleña Infotic S.A. responder a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, acerca de las medidas que tienen como propósito la protección de los derechos colectivos de los ibaguereños respecto al servicio colectivo de transporte.

La sentencia se dio a partir de las irregularidades que se presentaron en el convenio suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) e Infotic.

Las anomalías del convenio se centraron en que este se encontraba orientado a la obtención de utilidades en el mercado bajo un esquema de libre competencia, sin cumplir con los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo expuesto por el Juez en la decisión judicial, la respuesta brindada al accionante no satisfizo “de manera clara, precisa y congruente” lo que se solicitó por parte del Ministerio Público en defensa de los derechos colectivos de los usuarios del SETP.

El ente de control cuestionó el accionar del SETP por desestimar sin motivo claro la propuesta presentada por los operadores de transporte, desconociendo su derecho de contradicción, al otorgar el sistema de recaudo a la firma de Manizales antes de la emisión de un concepto de fondo frente a la oferta de los operadores.