Un hombre de 45 años fue imputado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo del que habría sido víctima su hijastra desde la edad de los 12 años en el barrio Yuldaima, Sur de Ibagué (Tolima), y por ello, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez de garantías lo envió a la cárcel con medida de aseguramiento.

El procesado, quien no aceptó la imputación del ente acusador, fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía en el barrio Avenida de la ciudad, en cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra desde agosto del año en curso.

La Fiscalía encontró elementos materiales probatorios suficientes para vincularlo al proceso como el presunto autor material, quien actuaría de manera dolosa, pues sabía que se trataba de una menor de edad y que era hija de su compañera sentimental, con quien tiene un niño mucho menor.

Todo inició por una denuncia realizada en abril de este año por parte del padre de la víctima, quien dio cuenta que ella le confesó que entre junio de 2016 y septiembre de 2017, había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.

Indicó que le había dicho que dejaba de pelear con su madre si accedía a tener relaciones con ella; que además la amenazaba con abandonar el hogar poniendo en riesgo la estabilidad económica de su progenitora y de su hermanito menor, por lo que la niña temerosa ocultó lo que pasaba.

Pero sus profesores y su padre notaron que algo andaba mal al ver cambios en su comportamiento,  ya que se tornó agresiva y se mostraba ausente, y empezaron a notarle señales de cortadas en sus muñecas y piernas, por lo que al confrontarla confesó que quería quitarse la vida por lo que le había sucedido con su padrastro, quien muchas veces usaría la fuerza para accederla.

Los exámenes psicológicos lo mismo que el sexológico, dan cuenta de un relato congruente, consistente y creíble en que la afectada no tiene titubeo alguno, por lo que no se duda de su testimonio dándole así toda la credibilidad.

 Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.