El Juzgado 6° Penal del Circuito de la capital tolimense ya había tomado la decisión en primera instancia, luego que la Fiscalía hiciera la respectiva solicitud al considerar que no hubo comisión de tal delito por parte del gerente y el exjefe de la Oficina Jurídica.

En el Palacio de Justicia de Ibagué, un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública logró ante el Tribunal Superior de la ciudad, se confirmara la decisión que en primera instancia había tomado en mayo pasado el Juzgado 6° Penal del Circuito, de aceptar la solicitud de preclusión que hiciera el ente acusador, sobre la investigación que había en contra del director, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez y el exjefe de la oficina jurídica, José Francisco Montufar, por el delito de prevaricato por acción, a raíz de la denuncia instaurada en su contra por la multinacional  Anglo Gold Ashanti.

Los hechos ocurrieron en el año 2013, cuando se estaban realizando unos trabajos por parte de la multinacional AGAC en zona rural de Doima, en Piedras, y la Corporación decidió detenerlos al considerar que las labores que adelantaban allí, no coincidían con las que ellos habían informado y ante las cuales se les había otorgado el permiso, como autoridad ambiental.

Según Cortolima, el permiso era para estudios de suelos más no para exploración de agua subterránea, para lo cual emplearon varias técnicas, que según expertos de la Corporación, generaban actividades atípicas de explotación que ponían en riesgo la zona.
Fue por tal razón que la multinacional denunció a los funcionarios responsables de emitir la resolución que ordenó la suspensión de las actividades para las cuales ya les habían dado el aval, al considerar que no procedía y que estaban pasando por encima de la Ley.

Sin embargo, la Fiscalía a través de peritos expertos en ingeniería civil, y otras disciplinas y áreas, lograron demostrar que la Corporación, sí tenía la razón.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.