La Comisión de Disciplina Judicial del Tolima dio a conocer la decisión que en primera instancia adoptó en el caso de presunto acoso laboral.

La Comisión de Disciplina Judicial del Tolima decidió en primera instancia absolver a Jenny Yaneth Varela Lozano, jueza Primera Pequeñas Causas de Ibagué, en el caso que se le adelantaba por aparente acoso laboral contra el funcionario, Yeison Enrique Rojas Vergara.

Según el proceso que conoció esta redacción, Rojas Vergara denunció que venía siendo víctima de persecución, acoso y hasta de tratos indignos por su condición de ser funcionario sindicalizado.

“En audiencia de Pruebas celebrada el 29 de enero de 2018, el doctor Yeison Enrique Rojas Vergara bajo la gravedad de juramento se ratificó en los hechos de la queja y agregó la funcionaria judicial ha desplegado actos de maltrato general en su contra, resalta haber solicitado traslado del Juzgado que preside la disciplinable, remitiendo esta las actas de la calificación trimestral, que no están en firme, en las que lo tilda de misógino, a los Juzgados donde pretendía laborar, lo que ha ocasionado que no sea nombrado”.

Incluso, en la denuncia indicó que le modificaron los horarios laborales, le fue entregado el trabajo de los demás compañeros y lo trataban de una manera hostil, este caso había sido considerado como una falta gravísima a título de dolo.  

El 14 de agosto del 2018, todo lo denunciado fue desmentido por Valera Lozano, en la audiencia advirtió que sobre el funcionario existían varias denuncias que por las demoras en los tramites y la desobediencia a las órdenes impartidas. Incluso explicó que no le permitió nuevamente la entrada al despacho debido a que temía que el funcionario la agrediera físicamente.

“Durante los 26 años de servicio a la rama es la primera vez que se siente atacada e irrespetada por un hombre, lo que le produce un gran temor; afirma que sus actuaciones han sido dentro del decoro y en uso de las facultades que como directora del despacho le otorga la ley, por lo que pide sea exonerada de la investigación”, indica el documento.

Además, manifestó la defensa de la juez, que no existían elementos de juicio que determinaran con certeza que la disciplinable estuviera inmersa en la comisión de la conducta indilgada, por lo que en su momento se solicitó ordenar el archivo de las diligencias por existir ausencia de responsabilidad disciplinaria.

En medio del proceso, varios integrantes del Juzgado declararon en contra del funcionario que había instaurado la queja disciplinaria.

A la decisión que se adoptó con la ponencia del magistrado Carlos Fernando Cortez Reyes, procede el derecho a la impugnación.