El fallo se conoció en las últimas horas luego de una serie de inconvenientes entre la administración municipal en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo y el sindicato del Inpec del Tolima, quienes no permitían más el ingreso de sindicados al centro carcelario y penitenciario de Picaleña, por motivos de hacinamiento y la falta de garantías para los condenados que purgan penas en ese complejo.

De esta manera la alcaldía de Ibagué tendrá que entrar a disponer de los recursos necesarios para atender a los sindicados que se encuentran en este momento en la Permanente Central.

La responsabilidad de la administración municipal de Ibagué tendrá a partir de hoy la responsabilidad de velar por los Derechos de estas personas que apenas inician un juicio oral en su contra, de acuerdo a lo que reza en la Ley 65.

Por tal motivo el Tribunal Superior de Ibagué, en Sala Primera de Decisión laboral, resolvió que “El amparo a los Derechos de la vida, a las condiciones dignas, dignidad humana, salud e integridad física corresponde a la Alcaldía de Ibagué”.

Así mismo el fallo de Tutela ordena al Inpec la remisión inmediata de los internos Rodrigo de Jesús Vergara, Alonso Suárez Aroca y Jenny Lorena Sánchez, a la dirección de residencia autorizada por el juez competente para cumplir con la prisión domiciliaria.

“En caso de no ser impugnada esta sentencia se enviará a la Corte Constitucional, en la oportunidad señalada por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, para su eventual revisión”.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial