En el ente acusador no reposa ningún proceso en contra del investigado. Sin embargo, se le dio cárcel en centro penitenciario.

Medida de aseguramiento en centro de reclusión le fue impuesta a Julián Avellaneda Rojas señalado de haber acabado de manera violenta con la vida de su ex pareja en hechos ocurridos en una salsamentaria de Ibagué, Tolima este sábado 24 de febrero. La víctima, de 31 años, contaba con siete meses de embarazo.

La Fiscalía le imputó al hombre de 37 años feminicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones los cuales no aceptó haber cometido.

El ataque

El hombre con quien había terminado su relación el año pasado, llegó a eso de las 5:30 de la tarde al sitio de trabajo de su ex pareja y la habría amenazado con arma de fuego. En ese momento intervino el administrador del lugar, Pablo César García, de 45 años, quien recibió un impacto en sus manos.

Fue así como Avellaneda Rojas abriría fuego en contra de la mujer en estado de gestación.

Gracias al llamado de la comunidad a las autoridades, el cuadrante de Policía más cercano logró detenerlo justo en el lugar de los hechos.

Los actos urgentes de investigadores del CTI permitieron recopilar rápidamente los elementos materiales probatorios y de evidencia física tales como las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde quedó registrada la acción delictiva del hoy privado de la libertad.

Pese a la oposición de la defensa de privar de la libertad a su prodigado, el juez de turno le dio credibilidad a los argumentos expuestos por la fiscal de la Unidad de Flagrancias que conoció el caso y lo envió a la cárcel ante la gravedad de la conducta cometida pues no sólo acabó con la vida de la mujer sino también del bebé que venía en camino. De los tres disparos que recibió, uno de ellos fue en el vientre.

Las indagaciones preliminares dan cuenta que en Fiscalía no reposa ningún proceso en contra del hoy privado de la libertad quien laboraba en la bodega de una embotelladora de la ciudad y por tanto la delegada fiscal solicitó al juez se compulsaran copias para que se investigue la conducta de otras autoridades que, al parecer, tuvieron conocimiento del ciclo de violencia al que vendría siendo sometida la víctima y ante lo cual habrían hecho caso omiso.