La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que mejoraba las condiciones económicas de los concejales de los municipios categorías cuarta, quinta y sexta.

A juicio de los magistrados, al momento de aprobar la Ley, el Congreso no tuvo en cuenta el análisis presupuestal de los municipios ni la carga que esto representa para el presupuesto nacional.

La ley había sido demandada debido a que se consideraba un peso excesivo para las finanzas de la Nación.

Los concejales de los municipios más pequeños en el país se han quejado históricamente porque sus honorarios no compensan los gastos a que se ven obligados por cuenta de su actividad en esas corporaciones.

De hecho, analistas políticos consideran que esto genera graves casos de corrupción entre los concejales quienes se ven obligados a ceder a las pretensiones de los respectivos alcaldes.