La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en la mira a tres empresas productoras de tubos de concreto para alcantarillados por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica, consistentes en la presunta cartelización empresarial para la fijación concertada de los precios para la tubería de concreto para alcantarillado y la repartición de los clientes.

Los proyectos de alcantarillado son contratados principalmente con recursos públicos, y de esa forma estas empresas estarían afectando el presupuesto de los colombianos.

De llegarse a comprobar su culpabilidad, las compañías podrían ser sancionadas con multas que superarían los 70 mil millones de pesos.