El mandatario explicó el convenio para la entrega de viviendas que se hizo en convenio con el Departamento de Prosperidad Social -DPS.

En toda una novela política se ha convertido la investigación de la Procuraduría a algunos alcaldes en el departamento del Tolima.

Uno de los enlistados para dichas investigaciones, fue el alcalde de Santa Isabel, Rodolfo López Sierra, quien le salió al paso a estas acusaciones e indicó que todo se trata de una "cacería de brujas" por parte de la entidad, misma que sacó del contexto dicho proceso.

"Hay una serie de cacería de brujas y desinformación, son prácticas antiguas de querer desvirtuar la falta de trabajo de otros sectores políticos, es importante puntualizar que en la página de la Procuraduría en el afán desinformaron totalmente", señaló el burgomaestre.

Según Sierra, el proyecto contempla un presupuesto de 540 millones de pesos, para 43 viviendas, lo que dejaría un gasto aproximado de 13 millones de pesos por vivienda, a lo que indica el alcalde es casi imposible de desarrollar, teniendo me cuenta los costos de los materiales, por lo que cuestionó la desinformación que se estaría dando por parte de la Procuraduría.

Es de acotar, que dicho convenio se firmó para el año 2018 y se recibió suspendido y listo para liquidar a los campesinos, sin embargo, en el momento de reactivarse llegó la pandemia, subió el costo de los productos agropecuarios y demás situaciones que complicaron el proceso, señaló el burgomaestre.

 "Voy a presentar todas las pruebas y reunimos las 43 personas muchas veces para radicar la pobreza extrema, pero el mismo DPS quería a todo lugar liquidar el convenio porque nunca obtuvimos una respuesta", finalizó el alcalde.