La decisión se dio tras una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por el hoy precandidato a la alcaldía de Ibagué.

Con ponencia del magistrado Luis Eduardo Collazos, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de los actos administrativos emitidos en primera y segunda instancia, que terminaron con la suspensión de su cargo por el término de nueve meses, del entonces concejal Jorge Luciano Bolívar y otros 15 de sus compañeros, por parte de la Procuraduría.

A juicio del Tribunal, el ministerio público no podía sancionar al concejal Bolívar, recordando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que solo un juez penal, mediante una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (sic) puede restringir los derechos políticos de una persona.

El Tribunal recordó que ninguna de las conductas investigadas y sancionadas al ex concejal Bolívar por parte de la Procuraduría, tuvieron como imputación un hecho constitutivo de un acto de corrupción, lo que hace inaplicable la sanción.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo declaró la nulidad de los fallos disciplinarios; ordenó a la Procuraduría que borre todos los antecedentes derivados de este proceso en favor de Jorge Luciano Bolívar Torres, pero además condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar los honorarios dejados de recibir durante los nueve (9) meses que duró la sanción, es decir, del 13 de febrero de 2019 al 13 de noviembre del mismo año. Sumas que deberán reconocerse con la respectiva indexación conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Cabe anotar que la determinación sólo favorece a Jorge Bolívar, aunque seguramente la misma suerte correrán quienes hayan interpuesto acciones similares ante el Tribunal. Sobre este caso existe un proceso de carácter penal.