La Fiscalía General de la Nación impuso medias cautelares con fines de extinción de dominio sobre 14 activos, entre inmuebles y sociedades.

Estos pertenecerían a una red señalada de diseñar un modelo ilegal para defraudar al Estado mediante el cobro irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los bienes afectados están ubicados en los municipios de El Colegio y Apulo (Cundinamarca); Ibagué, Ambalema y San Antonio (Tolima), y Bogotá. Al Parecer, fueron adquiridos con los dineros producto de las maniobras ilícitas detectadas. 

El material de prueba evidenció que, presuntamente, fueron constituidas sociedades para simular la prestación de servicios o ventas de materiales de construcción. Estas actividades habrían sido tercerizadas con múltiples empresas y soportadas con facturas falsas, las cuales sirvieron para realizar cobros de IVA y disminuir la base gravable del impuesto de renta. 

En la investigación se conoció que se crearon, al menos, nueve sociedades de papel entre 2013 y 2019, que reportaron operaciones comerciales con 1.970 personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Estas razones sociales o empresas, supuestamente, sirvieron de pretexto para sustentar el cumplimiento de los servicios o ventas con la expedición de los documentos falsos. Con este entramado criminal se afectó la administración de impuestos en 706.000 millones de pesos. 

Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, ascenderían en valor a 3.900 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.), asumirá la administración. Este resultado responde a los lineamientos establecidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, definido por el Fiscal General de la Nación.

Hay que recordar que el cerebro de esta banda, una de las mayores defraudadoras del estado, se escondía en el municipio de Mariquita donde vivía como un rey, lugar donde fue descubierto por las autoridades y posteriormente capturado para su respectiva judicialización