La construcción del Centro de Regional para la Atención y Reparación de las Víctimas genera un nuevo escándalo en el departamento del Tolima, concretamente en la ciudad de Ibagué. 

La concejal Linda Esperanza Perdomo reveló que una sucesión de errores durante el gobierno del entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo retrasó la obra, sino que ahora tendrá que ser demolida. 

Para la construcción se lograron recaudar $2.900 millones de pesos. De ellos, $1.150 millones fueron aportados por la alcaldía y los restantes $1.750 otorgados por el gobierno nacional y gestionados por familiares de víctimas tras una extenuante lucha para conseguir los recursos.  

Sin embargo, a los funcionarios de Jaramillo se les olvidó tramitar de manera oportuna la licencia de construcción, presentaron diseños deficientes y según la denunciante, se comprobó además que la obra se adelantaba con concreto de baja resistencia. 

La estructura que ya debía estar terminada sólo avanzó en un 24 por ciento y durante las más recientes visitas de los peritos, se logró determinar que deberá ser demolida por las fallas que presenta y que hacen inviable que se continúe con la construcción. Pero ahora se presenta un nuevo problema y es que la demolición tiene un valor de 170 millones de pesos y nadie ha aclarado de dónde saldrá este dinero. 

Surgen entonces una serie de inquietudes sin responder. ¿Dónde está el Consorcio Vetar? empresa contratista encargada de la obra; ¿por qué no hay investigaciones de carácter penal, disciplinarias y fiscales? lo que demuestra la ineficiencia de los organismos de control que a juicio de la concejal Linda Perdomo han brillado por su ausencia; ¿quién pagará la demolición?; ¿El gobierno nacional solicitará la devolución del dinero que aportó? ¿Se perderá la oportunidad de construir el Centro? ¿Y de la responsabilidad política, qué? Inquietudes que alguien tendrá que responder ente este nuevo ‘elefante blanco’ que empaña a la ciudad de Ibagué.