Fiscalía bloqueó plataforma de chance ilegal en Colombia

por Ondas de Ibagué

En 13 allanamientos la Fiscalía de Caldas, en asocio con el CTI y el Gaula de Risaralda lograron golpear fuertemente una organización delincuencial que se dedicaba a la venta de chances ilegales en Colombia, diligencias que se adelantaron en varios departamentos, entre ellos el Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia, además de otras seccionales de la Fiscalía en el Eje Cafetero que desarrollaron diversos operativos en los que lograron otros resultados.

El colapso de la red chancera se debe a que les decomisaron 14 equipos electrónicos que sirven para comercializar los recibos de las apuestas, impactaron el software con el que venden estas rifas a nivel nacional, además de 2 mil 57 sim cards para celular, dos discos duros, 75 celulares, nueve tabletas, varios CD, memorias usb, 59 cuadernos con notas de la venta del chance, 34 mil 934 boletas de chance, tacos para chances, libros de contabilidad entre otros elementos.

En los operativos lograron decomisar 122 millones 883 mil 450 pesos en efectivo y 204 letras de cambio, que sumaron un valor de 440 millones de pesos, con lo que las autoridades evidencian que esta estructura delinque con préstamos gota a gota.

Esta operación, que la Fiscalía denominó “Sodoma”, le permitió a las autoridades identificar al líder de la banda, un hombre identificado como César Augusto y que esta organización cuenta con 10 cabecillas, 153 promotores de chances ilegales y 880 vendedores en todo el país.

Esta banda delincuencial producía diariamente por las ventas de apuestas ilegales, alrededor de mil millones de pesos y agregó, que el costo de todo lo incautado asciende a los 2 mil millones.

La Fiscalía General de la Nación continuará realizando estos operativos, ya que tiene una solicitud de 52 órdenes de captura contra integrantes de esa estructura dedicada a la comercialización de apuestas ilegales que no transfieren recursos de impuestos a la salud de los departamentos y atentan contra la tranquilidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos colombianos.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial