¿Qué pasó con la plata para pavimentar la Ambalá con calle 103 a la glorieta del Vergel en Ibagué?

por Daniel Garcia

Veedurías y Contraloría Municipal le ponen la lupa a los recursos invertidos, en los que al parecer hubo falta de planeación, se dejó a medias la obra y con un posible detrimento patrimonial.

pavimentacion ambala

Una delicada denuncia conoció las Noticias de Ondas de Ibagué, la cual tiene que ver con un contrato de pavimentación que ejecutó el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para la rehabilitación de la avenida Ambalá carril subiendo, el cual no se cumplió.

Héctor Julio Galindo, ex edil de la comuna 6 de Ibagué, mostró su preocupación, ya que dicho contrato tenía previsto pavimentar desde la calle 103 hasta la glorieta del Vergel, pero la obras quedaron en el sector de la Esperanza, más abajo de Cañaveral.

“Muy preocupados, el contrato era el No 066 del 21 de noviembre de 2020 y se determinaba la pavimentación del carril subiendo de la Ambalá desde la calle 103 a la 78 (Glorieta del Vergel), pero solo se llegó a la 94 a la altura del barrio la Esperanza, ni siquiera se llegó a la Glorieta de Cañaveral”.

Asimismo, en una queja que interpuso el líder a la Contraloría sobre las presuntas anomalías que se tenía dicho contrato que esta por $7.000 mil millones y contemplaba la rehabilitación de la Quinta con calle 64 al Puente del Éxito y el tramo anteriormente mencionado en la Ambalá, el órgano de control fiscal exponen dos preocupaciones.

 

“Lamentable que no se haya finalizado el proyecto y en la respuesta de la Contraloría tiene dos preocupaciones de fondo, una es que hay violación del principio de planeación administrativo de la gestión pública en observancia de los estudios previos con presunta incidencia disciplinaria y penal”.

Además, se tendría un presunto caso de detrimento patrimonial superior a los $180 millones, que se espera con estas actuaciones se logre recuperar esos recursos y ver culminada la obra hasta el sector del Vergel como se había proyectado.

“La otra es la falencia en la interventoría y supervisión del contrato por cantidades de obra reconocidas dentro del acta final, incumpliendo especificaciones técnicas en el contrato con presunta incidencia penal y fiscal en el valor de $185 millones y esperamos se logre un buen control para la recuperación del recurso público y termine la obra”.

Por último, Galindo puntualizó que “puede ya determinarse como un presunto detrimento patrimonial y lo van a pasar al tema fiscal y al llevarlo a esas instancias hay incidencias penales también de la interventoría y contratista”.